NC cambia de estrategia con Amurga: indemnizará cuando se declare la nulidad

Para el abogado y Consejero de la Oposición en las listas del Partido Popular, Daniel Reyes, no hay ninguna duda de que los consejeros de Nueva Canarias están realizando los preparativos para garantizar, que de una forma u otra, los familiares de Roman Rodríguez obtengan el precio fijado en la compraventa, o en su defecto una indemnización millonaria por importe similar o superior al fijado en el expediente de las Fincas de Amurga.

    Según Reyes, hay indicios suficientes que delatan una conducta previa de NC antes de tramitarse el expediente administrativo de la adquisición de las fincas de Amurga y parece confirmarse que se hizo una convocatoria de licitación como un traje a medida. Aparentemente prediseñado para los propietarios de esas fincas, que finalmente resultaron ser los familiares del Presidente de NC.

Por otro lado, también hay indicios de interferencias y chapuzas en la tramitación administrativa, la omisión de informes técnicos como deslindes y otros usos. Resulta muy llamativa las contradicciones de los propios solicitantes, porque simultaneamente tramitaban la calificación como coto de caza y por otro su venta para reforestación. Hemos descubierto informes técnicos que prohibían que en esa finca se destinase a reforestación porque su uso es incompatible con el de coto de caza.

En suma, según afirma el Consejero Daniel Reyes, no hay ninguna confianza en la conducta del Consejero de Hacienda Pedro Justo Brito (NC) porque de sus respuestas en el ultimo Pleno, se deduce sus propias contradicciones entre lo que dijo al principio a lo que dice ahora, y sobretodo que, lo único claro y visible, es la voluntad del Consejero y de su Presidente Antonio Morales en que los beneficiarios del expediente de Amurga, tengan garantizado ese pago millonario.

Concluye, recordando que NC ha venido defendiendo que este expediente de Amurga, era de una tramitación impoluta y totalmente imparcial realizada por los técnicos y funcionarios; sin embargo, las interferencias y las omisiones o deficiencias técnicas y jurídicas son patentes, de tal manera que el expediente debe calificarse como una chapuza que conlleva la plena nulidad administrativa.