Los peligros de las prisas de Antonio Morales y Kiessling

      Dice el refranero popular canario, que "siempre hay alguien que quiere comerse la carne y dejar el hueso para los demás"; circunstancia que es aplicable a la pretensión del inversor alemán Kiessling, afincado en Tenerife y propietario del Grupo de Ocio Loro Parque y Siam Park, porque gracias a la perseverancia del periódico La Provincia hemos sabido ahora, que el Ministerio de Hacienda en nombre del Estado ordenó paralizar las obras y reclama sus derechos sobre el 70% del suelo público de El Veril, lugar donde se pretende ubicar el parque acuático de Maspalomas-Playa del Inglés.

      Resulta claro como el agua, que "la carne" es obtener beneficios multimillonarios de un proyecto de primer nivel en la principal ciudad turística de Canarias y entre las 4 primeras de España; sin embargo, "el hueso del asunto" es que el promotor, no quiere saber nada de las obligaciones, es decir tendrá que hacer inversiones muy importantes en las infraestructuras que sostienen dicho parque; pero hete aquí que Don Kiessling es propietario sólo del 30% de la finca y ocupa los terrenos del estado (70%), instala sobre ellos todas las canalizaciones, servidumbres y demás servicios (saneamiento, aparcamientos, luminaria, etc), pero esas obras, el inversor pretende que las pague el Estado al ser terrenos públicos. Es decir, con la inyección publica en los gastos, el negocio es redondo para el promotor, repercute los costes al Estado y los beneficios para su empresa, y si eso fuera posible hace ya muchos años que en El Veril se hubiera urbanizado con  Hoteles o cualquier otra inversión turistica.

        Pero, la realidad es que nadie ha invertido allí, porque ese suelo es público principalmente, que los costos de adaptación y transformación son elevadisimos, además está afectado por el cauce del barranco con riesgo de riadas, es dominio público dependiente del Consejo Insular de Aguas, organismo cuya conducta ha extrañado muchísimo por su silencio, que a pesar de ser requerido por el Estado para que informara, optó por no emitir informe administrativo.

      A día de hoy, confirmada que la actuación municipal ha sido correcta, el foco de la sospecha se traslada a las prisas que le entraron al Presidente del Cabildo de Gran Canaria, que incluso acompañó al promotor en ruedas de prensa, cargando las tintas contra el anterior alcalde Marco Aurelio Pérez (PP-AV) al que acusaron de torpedear la inversión y paralizar o empantanar el expediente administrativo para la licencia de obra.

       Lo publicado por La Provincia, pone en evidencia que tanto el promotor como Antonio Morales iniciaron una campaña infundada contra el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a pesar de que ambos conocen que la titularidad del 70% del suelo era estatal y no privada. Tampoco puede alegar la empresa que desconoce los pormenores, porque entre sus directivos y gestores aparece Jaime Rodríguez Cíes, que fue alto cargo del Gobierno de Canarias en materia de turismo junto a Lorenzo Olarte,

        La pelota está ahora en el alero del actual grupo de gobierno municipal, porque tanto el PSOE (Conchy Narvaez) como sus socios nacionalistas se sumaron con entusiasmo a favor del promotor, acusando al gobienro PP-AV de paralizar el proyecto; sin embargo ahora guardan un silencio clamoroso ante estas noticias, y