La Alcaldesa reconoce la derrota del estado de derecho
Delincuentes con la ley de la piedra se adueñan de LPGC
La retirada de las guaguas en la calle Córdoba: Crónica de una rendición frente a los delincuentes
Cuando un ayuntamiento decide que sus guaguas públicas deben huir de una calle para esquivar una lluvia de piedras, no está tomando una medida provisional de seguridad: está firmando el acta de defunción del Estado de derecho en esa zona.
La decisión de desviar tres líneas de transporte urbano y suprimir las paradas en la calle Córdoba, tras los graves altercados vividos, deja un poso de amargura tan profundo como indudable: la delincuencia ha ganado la partida y el imperio de la ley ha sufrido una derrota sin paliativos.
El mensaje oficial: la calle ya no es de los ciudadanos
El mensaje que lanza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con esta retirada es de una gravedad extrema. Al levantar el servicio de transporte público, la institución municipal admite negro sobre blanco que la calle Córdoba y su entorno ya no son seguros.
Reconoce, de facto, que no hay policía, no hay ley y no hay protección para el ciudadano de bien que madruga para trabajar o estudiar.
¿Hasta dónde llega esta espiral de repliegue? Si el Ayuntamiento cede el asfalto ante los vándalos hoy, ¿qué será lo siguiente? ¿Cuánto tiempo falta para que los vecinos tengan que atemorizarse al cruzar una esquina, o para que tengamos que lamentar una agresión, un atraco o lo peor a una mujer o a un niño en unas calles abandonadas a su suerte? ¿Es esto legítimo? ¿Es esto justo?
¿Dónde están los responsables?
Las preguntas incómodas, esas que hieren al poder, exigen nombres y apellidos. Hay que mirarle a los ojos a la alcaldesa, Carolina Darias; hay que exigir explicaciones al Delegado del Gobierno en Canarias Anselmo Pestana; y hay que alzar la voz también ante el Jefe Superior de Policia de Canarias, Jesús María Gómez Martín que fue ascendido por el ministro Fernando Grande-Marlaska despues de su polémico paso por ser el Jefe de Barajas con los incidentes de Delcy Rodriguez y el supuesto testaferro de Zapatero Julito Martinez.
¿Qué clase de seguridad pública gestionan estos responsables públicos en Las Palmas si el transporte público tiene que huir escoltado por el miedo?
¿De qué sirve pagar impuestos si el Ayuntamiento y el Estado son incapaces de garantizar que una guagua pueda circular en paz por un barrio de la capital?
La conclusión en la calle
Entre los vecinos y en la calle la conclusión empieza a ser unánime, un grito de hartazgo frente a la desidia política: con la gestión del bloque gubernamental actual (PSOE, Nueva Canarias, Sumar y Podemos), los únicos que parecen salir ganando son los infractores de siempre.
La sensación generalizada es cruda: parece que a este tipo de gobiernos solo les votan los delincuentes y los okupas, porque son los únicos que ven cómo las instituciones se arrodillan y les dejan el terreno libre.
En cualquier país del mundo, si alguien atraca a otro y le roba la cartera, es detenido y encarcelado; en España también, pero aquí, si en lugar de robar la cartera, te roba la casa entera con todo su contenido, resulta que en España se le protege y permite el robo completo de la casa y todos sus enseres.
Esos son los Okupas, delincuentes organizados y protegidos por este gobierno. El colmo es que ahora también se adueñan de las calles de la ciudad.
Retirar las guaguas no es solucionar el problema; es esconder la basura debajo de la alfombra y entregar la ciudad al bando equivocado. Y la factura de esta cobardía política, tarde o temprano, la pagan los inocentes.

Cuando un ayuntamiento decide que sus guaguas públicas deben huir de una calle para esquivar una lluvia de piedras, no está tomando una medida provisional de seguridad: está firmando el acta de defunción del Estado de derecho en esa zona.
La decisión de desviar tres líneas de transporte urbano y suprimir las paradas en la calle Córdoba, tras los graves altercados vividos, deja un poso de amargura tan profundo como indudable: la delincuencia ha ganado la partida y el imperio de la ley ha sufrido una derrota sin paliativos.
El mensaje oficial: la calle ya no es de los ciudadanos
El mensaje que lanza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con esta retirada es de una gravedad extrema. Al levantar el servicio de transporte público, la institución municipal admite negro sobre blanco que la calle Córdoba y su entorno ya no son seguros.
Reconoce, de facto, que no hay policía, no hay ley y no hay protección para el ciudadano de bien que madruga para trabajar o estudiar.
¿Hasta dónde llega esta espiral de repliegue? Si el Ayuntamiento cede el asfalto ante los vándalos hoy, ¿qué será lo siguiente? ¿Cuánto tiempo falta para que los vecinos tengan que atemorizarse al cruzar una esquina, o para que tengamos que lamentar una agresión, un atraco o lo peor a una mujer o a un niño en unas calles abandonadas a su suerte? ¿Es esto legítimo? ¿Es esto justo?
¿Dónde están los responsables?
Las preguntas incómodas, esas que hieren al poder, exigen nombres y apellidos. Hay que mirarle a los ojos a la alcaldesa, Carolina Darias; hay que exigir explicaciones al Delegado del Gobierno en Canarias Anselmo Pestana; y hay que alzar la voz también ante el Jefe Superior de Policia de Canarias, Jesús María Gómez Martín que fue ascendido por el ministro Fernando Grande-Marlaska despues de su polémico paso por ser el Jefe de Barajas con los incidentes de Delcy Rodriguez y el supuesto testaferro de Zapatero Julito Martinez.
¿Qué clase de seguridad pública gestionan estos responsables públicos en Las Palmas si el transporte público tiene que huir escoltado por el miedo?
¿De qué sirve pagar impuestos si el Ayuntamiento y el Estado son incapaces de garantizar que una guagua pueda circular en paz por un barrio de la capital?
La conclusión en la calle
Entre los vecinos y en la calle la conclusión empieza a ser unánime, un grito de hartazgo frente a la desidia política: con la gestión del bloque gubernamental actual (PSOE, Nueva Canarias, Sumar y Podemos), los únicos que parecen salir ganando son los infractores de siempre.
La sensación generalizada es cruda: parece que a este tipo de gobiernos solo les votan los delincuentes y los okupas, porque son los únicos que ven cómo las instituciones se arrodillan y les dejan el terreno libre.
En cualquier país del mundo, si alguien atraca a otro y le roba la cartera, es detenido y encarcelado; en España también, pero aquí, si en lugar de robar la cartera, te roba la casa entera con todo su contenido, resulta que en España se le protege y permite el robo completo de la casa y todos sus enseres.
Esos son los Okupas, delincuentes organizados y protegidos por este gobierno. El colmo es que ahora también se adueñan de las calles de la ciudad.
Retirar las guaguas no es solucionar el problema; es esconder la basura debajo de la alfombra y entregar la ciudad al bando equivocado. Y la factura de esta cobardía política, tarde o temprano, la pagan los inocentes.






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