Impunidad a los infractores ó nulo efecto disuasorio

      Los espacios públicos o parajes naturales de la isla, y especialmente los de Telde como el Barranco Real, El Goro, Ojos de Garza, etc se han convertido en el triste escaparate de un problema endémico que golpea a Gran Canaria: el vertido continuado de escombros y residuos que deterioran y ensucian esos parajes naturales o espacios públicos.

    Los ultimos incidentes que han sido noticia con furgones alquilados o furgonetas descargando a pleno dia los escombros y enseres abandonados, o restos de obras y materiales contaminantes como uralita y amianto no solo degrada el paisaje insular, sino que evidencia una fractura grave entre la labor policial de detección y la eficacia sancionadora de las instituciones.

      La pregunta ciudadana es directa: ¿Ó hay impunidad a los infractores ó hay un nulo efecto disuasorio de la sanción administrativa?

De la pillada "in fraganti" al limbo administrativo

       En los últimos meses, la intervención ciudadana y los medios tecnológicos han demostrado ser eficaces en la fase de captura. Las imágenes grabadas por vecinos indignados y los patrullajes de la Unidad Dron de la Policía Local de Telde han permitido identificar de forma nítida a los responsables —utilizando furgonetas alquiladas o vehículos particulares— en pleno proceso de descarga ilegal.

     Sin embargo, el esfuerzo de detección e investigación posterior tropieza con un muro burocrático. A pesar de la gravedad de los hechos y del importe teórico de las multas, la tramitación municipal adolece de una lentitud y falta de diligencia que invalida cualquier efecto disuasorio.

   Los expedientes aparentemente quedan paralizados, se traspapelan o caducan en los departamentos de la administración local, convirtiendo la sanción en una amenaza fantasma que beneficia unicamente al infractor reincidente.

La doble vara de medir: celo agrario frente a permisividad con el vertido

      Resulta contradictorio el contraste entre la presión inspectora (y sancionadora) que sufren agricultores y ganaderos —fiscalizados al detalle en su actividad diaria— y la aparente pasividad frente a quienes transforman suelo rústico y cauces de barrancos en escombreras clandestinas, aparcamientos improvisados o construcciones no autorizadas sobre suelo rústico y agrario.

        La falta de coordinación con órganos de cobertura insular y autonómica, como la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), ahonda la sensación de impunidad. Mientras los casos no se deriven con firmeza a las instancias correspondientes o a la Fiscalía del Medio Ambiente, la retirada de vertidos seguirá corriendo a cargo de las arcas municipales, costeada por la propia ciudadanía.

Medidas urgentes para romper la dinámica

• Digitalización y seguimiento de expedientes: Trazabilidad obligatoria desde el atestado policial o la denuncia vecinal hasta la ejecución del cobro de la sanción.

• Coordinación efectiva con la ACPMN y Fiscalía: Derivación automática de los casos de reincidencia o vertido peligroso para evitar el cuello de botella en el ámbito municipal.

• Ejemplaridad y difusión: Publicidad de las resoluciones sancionadoras firmes para restituir el carácter disuasorio de la ley.

• Inhabilitación administrativa: Retirada de licencias de actividad o prohibición de contratar con la administración a las empresas o transportistas implicados.

     Garantizar castigos ejemplares y ágiles no es una cuestión de mero afán recaudatorio, sino el único camino para proteger el suelo agrícola y los parajes naturales frente al daño sostenido de la especulación y el desecho ilegal.