La regulación de las trasferencias precontratadas (transfers) desata un tenso pulso entre el monopolio local de Telde e Ingenio, el fraude de las anulaciones masivas y la torpeza política de un PP dividido.

          El aeropuerto de Gran Canaria (Gando) no es solo el pulmón económico e infraestructura crítica de la isla; se ha convertido en el escenario de una soterrada y compleja batalla por la movilidad. En la superficie, el conflicto aparenta ser una simple disputa gremial entre los taxistas localistas y los del resto de los municipios.

         Sin embargo, bajo la superficie subyacen tensiones mucho más profundas: la naturaleza del autotaxi como servicio público de gestión municipal, el impacto disrruptor de las nuevas tecnologías y la inminente amenaza de una sentencia judicial sobre las licencias VTC que podría cambiar las reglas del juego para siempre.

EL DELICADO EQUILIBRIO: SERVICIO PÚBLICO VS. MONOPOLIO LOCAL

            Las licencias de taxi son autorizaciones de servicio público cuya regulación y concesión corresponden estrictamente a cada ayuntamiento. Históricamente, los municipios de Telde e Ingenio han ejercido un monopolio natural en las terminales de Gando por encontrarse el recinto aeroportuario dentro de sus términos municipales.

             Sin embargo, la imparable demanda de viajeros y las facilidades que ofrecen las plataformas tecnológicas abrieron una vía indispensable para equilibrar el sistema: el mecanismo de los transfers, que permite a taxis de otros municipios (como Las Palmas de Gran Canaria o Maspalomas) acudir a Gando a recoger a pasajeros que hayan contratado el trayecto previamente.

                     Para evitar un "todo vale" y proteger la actividad local, se fijó un límite regulatorio de 20 transfers mensuales por cada autotaxi foráneo. Una solución en apariencia razonable, pero que no tardó en verse salpicada por la picaresca: la detección de hasta 14.000 solicitudes de transfer anuladas en el mismo día durante el pasado año, puso al descubierto una estratagema sistemática para acaparar o bloquear servicios de forma fraudulenta, eludiendo los controles de la administración.

15 DE SEPTIEMBRE: VALLAS, BARRERAS Y CONTROL CONTRA EL FRAUDE

               Ante la magnitud del engaño y el malestar del sector, las instituciones han tenido que mover ficha. El próximo 15 de septiembre se activará una medida contundente, proporcional y técnicamente adecuada: la instalación de vallas y barreras automatizadas de entrada y salida en el aeropuerto para controlar a los autotaxis foráneos.

             Este sistema informático leerá matrículas y verificará en tiempo real la validez del transfer precontratado. La medida impedirá el intrusismo, erradicará el fraude de las cancelaciones falsas sobre la marcha y garantizará que quien acceda a la terminal lo haga cumpliendo estrictamente la normativa legal, blindando el orden en la parada.

ELESPECTÁCULO EN EL CABILDO: LA DOBLE DERROTA DEL PARTIDO POPULAR

                   El conflicto político tuvo su momento más tenso en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria a propuesta del Partido Popular. La portavoz popular, la exalcaldesa capitalina Pepa Luzardo, enarboló la bandera del "libre mercado" pretendiendo simplificar un asunto hiperregulado para agradar a su electorado. El tiro, sin embargo, le salió por la culata en lo que se convirtió en una sonada doble derrota.

                      En el debate insular, el consejero Teo Sosa vapuleó los argumentos del PP por su evidente falta de rigor técnico y jurídico. Sosa dejó al descubierto la imprudencia de la propuesta conservadora, advirtiendo de que abrir las puertas sin control bajo la premisa del libre mercado es precisamente la alfombra roja que necesitan las plataformas de VTC para desembarcar definitivamente en Gando y arrasar con el sector del taxi tradicional.

                     La bancada popular no solo perdió la votación en el Cabildo, sino que provocó un cisma interno dentro de sus propias filas. Mientras el grupo insular liderado por Luzardo pedía la liberalización, en el Ayuntamiento de Telde los concejales del propio Partido Popular votaron en sentido contrario, alineándose firmemente con los taxistas de Telde e Ingenio en defensa del modelo público local. Un papelón político que dejó en evidencia la falta de discurso unificado de los populares grancanarios.

LA SOMBRA DE LAS VTC: LA VERDADERA AMENAZA QUE SOBREVUELA GANDO

             Más allá de los titulares y las discrepancias políticas, el verdadero desafío del autotaxi en Gran Canaria no radica únicamente en las disputas de fronteras municipales. La auténtica espada de Damocles es la esperada sentencia judicial que debe resolver de manera definitiva sobre el desembarco y la llegada libre de los vehículos de transporte con conductor (VTC) al recinto aeroportuario.

            Si el sector del taxi se fragmenta en guerras de guerrillas entre municipios o se deja seducir por discursos demagógicos de liberalización total, el único beneficiado será el gran capital de las multinacionales de VTC. La llegada de las barreras el 15 de septiembre es un paso firme en la dirección correcta: la ordenación estricta, la lucha contra la picaresca y el rigor normativo son las únicas herramientas reales para garantizar la supervivencia de un servicio público esencial para la isla.

           Porque la declaración de Servicio Público persigue es que se cubran los servicios donde el mercado libre no llega. En este caso, es evidente que las grandes operadoras de VTC o de los propios taxistas, todo el mundo quiere operar en el aeropuerto porque es más rentable y fácil; pero nadie quiere cubrir servicios en la cumbre o medianias de Telde e Ingenio o en cualquiera de sus barrios.