El Parlamento de Canarias, este pasado miércoles,  ha dado luz verde definitiva a la norma autonómica destinada a agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas y a movilizar suelo para paliar la acuciante crisis habitacional del archipiélago.

       Entre sus medidas estrella figura la facultad de que los Ayuntamientos concedan licencias de obra respaldadas por informes de entidades técnicas colaboradoras externas —cuyo coste podrá repercutirse en las tasas municipales— y la vía libre para recalificar suelo industrial, comercial o terciario en residencial cuando el promotor acredite la «inviabilidad económica» del proyecto original.

          Si bien desde el Ejecutivo regional y las patronales del sector se celebra este paso como un soplo de aire fresco frente a la parálisis burocrática, la reforma abre un encendido debate ético y legal: ¿estamos ante la solución técnica a la emergencia de la vivienda o ante una alfombra roja para el pelotazo urbanístico o promociones muy conflictivas?

La paradoja de las licencias externas: ¿agilización o externalización del favoritismo?

         El cuello de botella de las oficinas técnicas municipales es una realidad innegable en Canarias: expedientes paralizados durante años y proyectos bloqueados en el «purgatorio del cajón».

        Sin embargo, la posibilidad de acudir a informes técnicos externos pagados por el propio promotor mediante tasas despierta serias suspicacias.

        En el mapa municipal es un secreto a voces la sospecha de que ciertos expedientes fluyen con sospechosa diligencia cuando vienen firmados por «técnicos afines» o despachos con buena llegada a los departamentos correspondientes, mientras el resto languidece de forma indefinida. La gran duda que planea sobre esta externalización es evidente:

¿Servirá esta medida para desatascar la administración o se acabará «birlando» la exclusividad de la tramitación a la función pública para crear una red de firmas externas "amigas" que emitan informes a la carta?

           Si la capacidad de agilizar un proyecto depende del músculo económico para financiar auditorías externas, el riesgo de que el rigor técnico quede subordinado al interés del promotor es un temor latente.

La conversión de suelo: ¿Rescate habitacional o «bolichazo» de segunda generación?

          El otro gran pilar de la norma es la reconversión de suelo industrial, comercial y terciario no desarrollado para convertirlo en vivienda, bastando para ello con acreditar la inviabilidad del uso previsto inicialmente.

           Para los detractores, esta figura roza la paradoja urbanística. Muchos de estos suelos ya representaron en su día un incremento notable de valor en el planeamiento municipal.

          Permitir ahora que, alegando una inviabilidad económica a menudo difícil de auditar con imparcialidad, el propietario pueda mutar la calificación a uso residencial plantea un interrogante incisivo: ¿se está premiando la especulación fallida mediante un nuevo pelotazo recalificador?

La sombra sobre el urbanismo: Entre la pragmática y la «mexicanización»

              El debate roza de lleno el propio espíritu del derecho urbanístico español. Históricamente, figuras como los convenios urbanísticos han caminado por una delgada línea roja donde acuerdos entre alcaldes y promotores —que en cualquier otra área de la Administración Pública resultarían impensables o constitutivos de ilicito administrativo e incluso penal— se han normalizado en nombre del «interés general» y las compensaciones en equipamientos.

            Al multiplicar la flexibilidad y restar peso al control previo puramente público, la crítica más severa advierte del peligro de avanzar hacia una «mexicanización» del procedimiento administrativo, donde la discrecionalidad, la capacidad económica del promotor y la voluntad externa institucionalizada o privatizada sustituyan a la planificación transparente del territorio.

¿Victoria de la eficiencia o capitulación de la tutela pública?

La nueva legislación canaria se sitúa en una encrucijada compleja:

• Por un lado, la urgencia social por construir vivienda y la incapacidad demostrada de la burocracia actual para dar respuestas en tiempos razonables exigían medidas drásticas.

• Por el otro, el riesgo de debilitar los controles de legalidad y traspasar decisiones estructurales de ciudad a la iniciativa privada genera dudas legítimas sobre la seguridad jurídica y la igualdad de trato ante la ley.

        El tiempo y la aplicación práctica en cada consistorio dirán si esta norma logra su objetivo de dar techo a miles de familias o si, por el contrario, habrá servido para asfaltar una autopista hacia el arbitrio y el favoritismo en el urbanismo insular.