Entrar en el último año de un mandato político en España es presenciar el pistoletazo de salida de una carrera desenfrenada: la campaña electoral permanente.

      Los consistorios del país transforman su ritmo habitual y entran en un estado de agitación mediática donde lo de menos es la gestión diaria y lo crucial es la visibilidad. Los municipios de Gran Canaria no son, en absoluto, una excepción a esta dinámica.

        En los últimos meses, la actividad de alcaldes, concejales y cargos públicos se ha volcado obsesivamente en saturar los medios y las plataformas digitales. Noticias, declaraciones, inauguraciones o cualquier evento, por inverosímil o cotidiano que resulte, se convierten en la excusa perfecta para colocar a uno o varios ediles posando para la foto de turno en Instagram, TikTok o Facebook.

      Cobran más fuerza que nunca la máxima popular del afán de figuración: el político contemporáneo pretende ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro.

      El problema no es nuevo, pero su intensidad ha alcanzado cotas preocupantes, lo verdaderamente peligroso de este comportamiento es la confusión sistemática entre lo público y lo privado.

      Diversos representantes públicos, especialmente en el ámbito municipal, parecen haber olvidado que la administración institucional no es su patrimonio. Actúan bajo la premisa implícita de que nada ocurre sin su gracia, erigiéndose en el origen y fin de todo lo que sucede en el territorio que administran.

El caso de Telde: un pacto de cuatro y la fragmentación de la información

       Un ejemplo paradigmático de esta deriva se observa en el Ayuntamiento de Telde. La coexistencia de cuatro formaciones políticas distintas en el grupo de gobierno ha elevado la tensión comunicativa al máximo. La competencia interna por arañar votos en el tramo final del mandato ha terminado por eclipsar los canales oficiales.

        Sorprende comprobar cómo la página web municipal y su gabinete de prensa tradicional han quedado en un segundo plano, sustituidos progresivamente por la difusión directa e individualizada en las redes personales y de partido de cada concejal.

     Aunque desde la óptica del cálculo electoralista sea una estrategia comprensible, desde la ética ciudadana e institucional resulta profundamente criticable.

       Un concejal, por amplia que sea la delegación de su área, no ostenta la representación exclusiva ni excluyente de la actividad municipal. Las obras, los servicios licitados y las mejoras en los barrios no surgen por arte de magia ni se financian con el bolsillo del representante político; son el resultado del esfuerzo de los empleados públicos, los servicios contratados y, ante todo, del dinero de los contribuyentes.

        Apropiarse de la actividad municipal como si fuera un logro personal o corporativo de un partido roza el límite de la corrección administrativa. Cuando los recursos de la institución se desplazan o disfrazan para alimentar el engranaje propagandístico de una sigla, la conducta sobrepasa el mero mal gusto ético.

Ejemplos de una praxis distorsionada

Esta tendencia deja estampas reveladoras en la gestión cotidiana de Telde:

• La estrategia de la marca propia: El concejal de Alumbrado y Parques y Jardines, Juan Francisco Artiles Carreño (Más por Telde), presenta en redes sociales la instalación de 100 luminarias o los arreglos del Parque de San Juan utilizando los perfiles de su propia formación política. El despliegue de logotipos y lemas publicitarios ("Más Farolas, Más Eficiencia, Más Seguridad") juega abiertamente con la sigla del partido (Más Por Telde) en vídeos donde el edil acapara el protagonismo. La actividad del área queda asimilada como un producto exclusivo de la marca electoral.

• El eclipse del canal oficial: Por su parte, el edil Iván Sánchez presenta la apertura del paso subterráneo de El Contrapeso y Arauz bajo la GC-100 a través de sus canales propios en redes sociales, dejando la plataforma web institucional sin rastro de una actuación de calado para el municipio.

     Cuando la firma del partido o la cara del edil sustituyen al escudo del Ayuntamiento, la institución queda invisibilizada y fragmentada en reinos de taifas.

La paradoja de los pactos: En un gobierno de coalición múltiple, este tipo de excesos suele tolerarse entre socios. Ante el temor a la ruptura o a perder cuota de pantalla, cada partido transige con las maniobras de autoatribución del otro porque todos comparten el mismo pecado y persiguen el mismo objetivo.

La obligación frente a la propaganda

        Conviene recordar una verdad elemental: lo que hacen los concejales del gobierno no es un favor al ciudadano, es el cumplimiento estricto de su deber. Su responsabilidad es garantizar que los servicios públicos funcionen y que las infraestructuras se mantengan.

      Vender la gestión y rendir cuentas es comprensible e incluso exigible en democracia. Lo que resulta inaceptable es que la rendición de cuentas se convierta en una campaña de autoelogio financiada indirectamente con la actividad y los recursos de la casa consistorial.

       La ciudadanía no debe olvidar que la última palabra la tiene la opinión pública cuando le toca evaluar si prefiere instituciones sólidas o representantes ocupados en ser los protagonistas de cada foto.