Las cifras de turistas y visitantes de cada año ya no son motivo de orgullo ni de brindis en los despachos oficiales; son un grito de alerta en medio de la carretera.

       Los últimos datos consolidados son inapelables: el aeropuerto de Gran Canaria cerró con la escalofriante cifra de 15,8 millones de viajeros anuales en 2025, de los cuales 8,3 millones corresponden a vuelos internacionales.

     Para una isla con una población residente que apenas supera los 850.000 habitantes, este volumen de población flotante ha dejado de ser un indicador de éxito económico para convertirse en una carga insostenible que agrieta los cimientos de nuestro bienestar diario.

      El colapso ya no es una hipótesis de futuro; se vive en el presente. Los vertederos de basuras de Juan Grande y Salto del Negro están colmatados y a punto de cerrarse definitivamente en dos años o menos.

      Cada mañana se sientge en las retenciones kilométricas de la GC-1, alimentadas por un parque móvil que supera los 675.000 vehículos activos más la presión de miles de coches de alquiler

      . Se sufre en las salas de espera de unas urgencias sanitarias saturadas, cuyo presupuesto anual se calcula ignorantemente de espaldas a la masa turística, dejando a Gran Canaria con una de las asignaciones por tarjeta sanitaria más bajas del archipiélago.

       Y se manifiesta de la forma más silenciosa y peligrosa en nuestros recursos básicos: plantas desaladoras trabajando al límite de su capacidad y redes de distribución e infraestructuras de depuración de aguas residuales obsoletas que sencillamente no están preparadas para digerir semejante volumen de consumo y vertido.

           Ante este panorama, la respuesta tradicional ha caducado. No basta con el habitual cruce de reproches políticos entre partidos, ni con parches normativos dictados desde las instituciones.

      La gravedad del reto exige, de manera urgente, un consenso y un compromiso social absoluto. Nos jugamos el modelo de convivencia de las próximas décadas y la solución debe nacer de una estrategia colectiva donde participen la ciudadanía, los agentes sociales y las instituciones, asumiendo que el territorio y los recursos tienen límites físicos innegables.

           Debemos perder el miedo a cuestionar el dogma del crecimiento infinito. El beneficio empresarial de las cadenas hoteleras y las multinacionales del sector no puede seguir siendo la única vara de medir el éxito de nuestra tierra. El dividendo privado no justifica, bajo ningún concepto, el coste social, ambiental y anímico que la población local está obligando a soportar.

             Es hora de desmontar también el perverso argumento de la creación de empleo. No podemos seguir justificando un modelo depredador basándonos en la oferta de puestos de trabajo poco cualificados, de baja productividad y salarios precarios que cronifican la pobreza y hacen imposible el acceso a la vivienda para los residentes.

       También es necesario desenmascarar la hipocresía de facilitar los procesos de regularización de inmigrantes, porque lo que se consigue es una masa mayor de mano de obra necesitada y de bajos salarios, que solo beneficia a las empresas multinacionales del turismo.

      Si la riqueza que genera el turismo no se redistribuye en forma de salarios dignos, mejores servicios públicos y bienestar social, el motor económico se convierte en un agente de exclusión, que nos acerca a los modelos económicos y sociales del Caribe, de Brasil o Marruecos.

         De continuar por esta senda de récords artificiales y servicios públicos desbordados, nos dirigimos irremediablemente hacia una ruptura irreversible de la cohesión social.

              El peligro real no es perder competitividad en los folletos de las agencias de viajes; el peligro real es acercarnos peligrosamente a la realidad de esos destinos del tercer mundo o países en vías de desarrollo —como el Caribe, Brasil, México o Marruecos—, caracterizados por una dualidad dramática: burbujas turísticas de lujo y opulencia rodeadas por entornos de servicios colapsados, escasez de recursos esenciales y una población local empobrecida.

              Las masivas movilizaciones ciudadanas que han recorrido el archipiélago evidencian que la sociedad canaria ha madurado más rápido que sus gobernantes y sus élites económicas.

           Exigir límites, poner freno a la saturación y blindar la sanidad, el transporte y el agua no es ir "en contra del turismo"; es ir a favor de la supervivencia de Gran Canaria.

           El éxito de una isla se mide por la calidad de vida de quienes la habitan, no por el número de personas que bajan de un avión. O asumimos colectivamente el control de nuestro destino, o la inercia del mercado terminará por devorarnos.