¿Por qué se oculta que la verdadera redistribución de la riqueza nace en la empresa pagado los salarios que van a las familias y no en el Boletín Oficial del Estado?

    En el debate político actual se ha instalado un relato oficial y  tan repetido como incuestionable: la idea de que la redistribución de la riqueza es un poder exclusivo del Estado, articulado a través de los impuestos y la posterior concesión de ayudas, subsidios y servicios públicos.

    Políticos de todo signo —con especial énfasis en las corrientes de izquierda— venden la gestión gubernamental como la única red capaz de sostener el Estado del bienestar y equilibrar las desigualdades.

       Sin embargo, cuando se aparta el ruido ideológico y se analizan fríamente las magnitudes macroeconómicas, los números revelan una realidad patente y clamorosa: la mayor y más eficaz transferencia de riqueza en una sociedad no la realiza el Gobierno, sino el tejido empresarial a través de los salarios.

La fuerza de los datos: El verdadero motor redistributivo

     El origen de la riqueza y su distribución no se encuentra en las arcas públicas, sino en los flujos financieros que se generan diariamente en el mercado laboral. Es decir lo que cada empresa paga a cada trabajador por su trabajo.

      El mercado de trabajo en España, con un récord histórico que supera los 22,4 millones de trabajadores en alta en la Seguridad Social, y los cruzamos con el salario medio bruto (que se sitúa en torno a los 2.400 euros mensuales), el resultado es incontestable: las empresas transfieren directamente a las familias más de 53.000 millones de euros cada mes.

    Y aunque pongamos unicamente que todos los trabajadores cobrasen el salario mínimo 1.221 €, el resultado sería igualmente extraordinario por encima de 27.350'4 millones de euros o incluso 31.908'8 millones (incluyendo el prorrateo de14 pagas).

       Esta cifra titánica empequeñece cualquier presupuesto destinado a subsidios o planes de ayuda gubernamentales.

    Es ahí donde percibe la trascendencia del salario, el mecanismo que capilariza la riqueza de forma inmediata, llegando directamente al consumo, al pago de viviendas y al sustento de los hogares.

     Creer que el Estado es el agente principal de la distribución es comprar un canto de sirenas: el Gobierno no puede distribuir lo que antes no ha sido generado y transferido en el ámbito privado.

Confusión interesada: Sostener servicios no es redistribuir riqueza

         Existe una trampa dialéctica en el discurso político que consiste en confundir deliberadamente dos conceptos distintos: el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la redistribución de la riqueza.

       Garantizar la sanidad, la educación, la seguridad o las infraestructuras es una competencia lógica de la administración para asegurar el funcionamiento de un país.

       Pero financiar estos servicios mediante la recaudación impositiva no equivale a "redistribuir riqueza"; equivale a gestionar los costes comunes de una sociedad.

      Cuando los partidos políticos insisten en que los subsidios y las ayudas directas son la panacea de la igualdad, ocultan que este modelo a menudo perpetúa la dependencia del ciudadano hacia el poder político, en lugar de otorgarle la autonomía financiera que proporciona un empleo legítimo y bien remunerado y lo que es más preocupante, la experiencia en otros paises, acredita que eso a largo plazo deteriora la economía y genera pobreza extrema en todo el país.

La ola contra "los ricos" y la voracidad fiscal

      De igual manera vemos que hay una corriente internacional fuertemente impulsada que señala a las grandes fortunas y exige impuestos específicos a "los ricos" como la solución mágica para solucionar las quiebras, las deudas estructurales y los déficits crónicos de los presupuestos estatales, autonómicos o locales. Ocultan que ese impuesto no cubre ni el 10% de lo que pretenden pagar.

        Esta campaña actúa como una cortina de humo idónea para la llamada "nueva clase aristocrática de la democracia": los políticos. Esta confusión interesada les otorga una carta blanca moral para:

• Crear nuevos impuestos ante cualquier problema sobrevenido.

• Incrementar la presión recaudatoria sin miramiento alguno ni autocontrol en el gasto público.

• Justificar el déficit culpando a una supuesta falta de solidaridad de las rentas altas, en lugar de asumir una gestión ineficiente.

El verdadero peaje de la asfixia fiscal

Mientras el relato oficial se centra en castigar a las grandes corporaciones, la realidad es que la presión fiscal y burocrática asfixia al eslabón más débil de la cadena: los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Menos empresas, peores salarios

           El resultado de esta estrategia es un círculo vicioso perfectamente visible. Al penalizar la creación de entornos empresariales competitivos y desincentivar el éxito económico, el tejido productivo se resiente.

        Si hay menos empresas y los autónomos operan al borde de la rentabilidad, disminuye la oferta de empleo y la competencia por el talento.

       ¿La consecuencia directa? Cada vez hay menos salarios decentes para las familias. Destruir las condiciones que permiten a las empresas generar actividad económica daña, en última instancia, al trabajador.

      La verdadera política social no consiste en multiplicar los subsidios estatales, sino en multiplicar las empresas capaces de pagar nóminas robustas, pues ahí es donde verdaderamente se democratiza y se redistribuye la riqueza de una nación.