El uso y disfrute del espacio público es uno de los pilares de la vida urbana. Parques, plazas e intercambiadores de transporte se diseñan como puntos de encuentro, descanso y tránsito para la ciudadanía.

     Sin embargo, en zonas críticas de Las Palmas de Gran Canaria, como el Parque de Santa Catalina o la Estación de Guaguas (Intercambiador), estos espacios se han convertido en el escenario visible de un drama social profundo: el sinhogarismo crónico y la exclusión social extrema.

     El fenómeno plantea interrogantes complejos sobre la convivencia, la gestión institucional y, de manera directa, las fronteras de la salud pública y el derecho a la ciudad para todos los ciudadanos.

Las cifras de la vulnerabilidad en la capital

       Detrás de la realidad que se observa en las calles existen datos que dimensionan el problema. Según los últimos balances ofrecidos por Cáritas Diocesana de Canarias, la entidad llegó a atender a más de 1.500 personas en situación de sin hogar en la provincia de Las Palmas durante un solo ejercicio, con una tendencia de atención en el Área de Vivienda que supera con frecuencia el millar de personas anuales en situación de exclusión residencial o de calle.

       Por su parte, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantienen equipos de intervención en calle que realizan un seguimiento continuo de las personas que pernoctan en la vía pública.

     Aunque los censos de personas localizadas de forma simultánea en la calle varían por distritos y épocas (oscilando de manera habitual en torno al centenar de personas en situación de calle estricta en todo el municipio), la concentración en puntos específicos de la zona Puerto y el distrito Centro es notablemente alta debido a la disponibilidad de servicios, conectividad y tránsito de personas.

      A pesar de que la capital cuenta con una Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar y una capacidad de alojamiento que supera las 130 plazas públicas —complementadas por unas 500 plazas gestionadas por diversas ONG y entidades del tercer sector—, los recursos habitacionales a menudo se saturan o chocan con el perfil de aquellos usuarios que rechazan el ingreso en los albergues debido a las normativas de régimen interno.

La paradoja de la convivencia y el impacto en la salud pública

      El debate ciudadano se intensifica cuando la permanencia de estas personas adquiere un carácter recalcitrante y continuo en espacios de alta concurrencia. La ocupación habitual de bancos de espera, pasillos e intercambiadores de transporte genera una evidente incomodidad vecinal y comercial, abriendo interrogantes legítimos desde la perspectiva del uso compartido de los servicios públicos:

• Salud mental en la calle: Es frecuente detectar entre las personas que pernoctan en plazas públicas perfiles con evidentes signos de trastornos mentales graves o patologías duales (coexistencia de adicciones y problemas de salud mental). La falta de un seguimiento farmacológico o terapéutico regular en la calle deriva, en ocasiones, en conductas disruptivas que alteran la convivencia vecinal y dificultan la propia seguridad de los afectados.

• Higiene y salubridad: El uso de los bancos de estaciones y parques como camas habituales, sumado a la falta de infraestructuras sanitarias de acceso libre las 24 horas, genera problemas de residuos, suciedad y olores intensos en zonas comunes. Esto abre una encrucijada de salud pública: ¿cómo garantizar el derecho de la ciudadanía a usar con tranquilidad e higiene un intercambiador de transporte o un banco público, mientras se respeta la dignidad y los derechos fundamentales de una persona que no tiene un techo?

• La percepción ciudadana: El deterioro del entorno urbano en puntos neurálgicos provoca que muchos usuarios habituales eviten sentarse o transitar por determinadas áreas de las estaciones y parques, erosionando la función integradora del espacio público, y por tanto nos encontramos que hay un alto numero de vecinos que se ven excluidos de esos espacios públicos a causa del deterioro notable del entorno.

El factor de la inmigración en el sinhogarismo

      En entornos muy concretos, como los aledaños del mercadillo dominical del Parque de Santa Catalina o las inmediaciones del Puerto, la fisonomía de la exclusión social ha mostrado cambios visibles. A la tradicional presencia de actividades de economía informal, como los manteros, se ha sumado la visibilidad de personas en situación de indigencia de origen subsahariano y norteafricano.

       Este fenómeno no responde a una "importación de la indigencia" planificada, sino a las consecuencias estructurales de las rutas migratorias atlánticas que tienen en Canarias su frontera de entrada a Europa.

      Cuando las personas migrantes agotan los periodos máximos de acogida en los recursos humanitarios oficiales o quedan fuera del sistema de protección —muchas veces bloqueados administrativamente sin posibilidad de trabajar legalmente ni de continuar viaje hacia la península o Europa continental—, se ven abocadas a la economía informal y, en los casos de mayor vulnerabilidad, a la situación de calle. Se trata, por tanto, de una ramificación local de una crisis migratoria internacional y de las rigideces del marco normativo de extranjería.

¿Qué soluciones se pueden implementar frente a la ocupación continua?

       Abordar la presencia continua de personas sin hogar en infraestructuras clave requiere abandonar las respuestas puramente policiales o estéticas, que solo desplazan el problema de un barrio a otro, y apostar por estrategias transversales:

      Los albergues tradicionales son útiles para emergencias de corta duración, pero ineficaces para el sinhogarismo crónico con problemas de salud mental.

     La implantación de programas basados en facilitar una vivienda individual y estable como primer paso, acompañada de apoyo médico y psicológico personalizado, ha demostrado tasas de éxito elevadas en la estabilización de personas con perfiles complejos en diversas ciudades.

       La atención social en calle a menudo se interrumpe en horarios nocturnos o de madrugada debido a limitaciones en las condiciones laborales de los equipos.

    Reforzar y dotar de complementos específicos a equipos compuestos por trabajadores sociales, educadores y personal de salud mental para actuar in situ en horarios críticos es clave para mediar en los conflictos de convivencia y canalizar los ingresos sanitarios cuando existan brotes psicóticos o emergencias médicas.