Buen final para la gasolinera de los disgustos en Telde

El Ayuntamiento de Telde respira aliviado tras una de las batallas judiciales más largas y gravosas de su historia reciente. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado de forma contundente la reclamación de los propietarios de la estación de servicio ubicada entre la Avenida del Cabildo y el barrio de Las Remudas, la cual fue precintada en el año 2015. Con este fallo, las arcas municipales se eximen de pagar una indemnización que alcanzaba los 2,48 millones de euros, poniendo fin a una amenaza financiera que pendía como una espada de Damocles sobre los recursos públicos de todos los teldenses.

El laberinto legal: una reclamación fuera de plazo

El fundamento jurídico que ha inclinado la balanza a favor del Consistorio se sostiene sobre un error de procedimiento insalvable por parte de la empresa promotora. La sentencia determina con total claridad la caducidad del plazo de un año que legalmente tenía la entidad para interponer su recurso de reclamación patrimonial.

El fallo especifica que los propietarios erraron la diana legal al dirigir sus acciones judiciales contra la orden material de precinto ejecutada en 2015, en lugar de haber recurrido en tiempo y forma la resolución administrativa del año 2014, que fue la que justificó y ordenó estrictamente el cierre de la actividad. Al dejar pasar el plazo legal frente al acto administrativo troncal, cualquier reclamación económica posterior nacía ya extinta, lo que ha permitido al tribunal eximir al Ayuntamiento de abonar los 2,48 millones de euros exigidos.

El calvario vecinal: ruidos, lavaderos y problemas de salud

Más allá de las frías cifras macroeconómicas, esta resolución supone una victoria moral incontestable para los vecinos colindantes de la zona. Durante años, los residentes vivieron un auténtico calvario debido a la actividad descontrolada de la estación de servicio.

Las denuncias vecinales eran constantes, centrándose especialmente en el intolerable ruido provocado por el uso continuo de la máquina lavadora de coches, cuyos decibelios superaban con creces los límites legales permitidos para zonas residenciales. Aquella situación no solo perturbó el descanso, sino que causó un grave quebranto en la salud de varias personas afectadas directamente por la contaminación acústica y el estrés derivado. Desde la perspectiva de los afectados, habría resultado profundamente injusto e inmoral que los promotores obtuvieran un beneficio millonario de una situación que en su día fue calificada de abusiva y lesiva para la convivencia.

Un conflicto heredado de competencias autonómicas

Para entender el origen del conflicto es necesario hacer memoria. Aunque las resoluciones y el precinto definitivo de las instalaciones se materializaron entre 2014 y 2015, la concesión de la licencia original y la tramitación de todo el expediente eran muy anteriores.

De hecho, la autorización definitiva de este tipo de instalaciones y la resolución de sus complejos trámites sectoriales terminaron siendo competencia directa del Gobierno de Canarias, lo que enmarañó aún más un proceso que terminó judicializado durante años.

Alivio definitivo para Telde

A la espera de que la sentencia adquiera firmeza absoluta, la resolución se celebra en el municipio como un doble éxito. Por un lado, blinda el dinero público frente a una demanda desproporcionada que habría hipotecado las inversiones locales. Por otro, ofrece un cierre definitivo a los vecinos de Las Remudas, quienes ven cómo los tribunales impiden que se premie económicamente a quienes, en su momento, convirtieron el entorno de sus viviendas en un espacio inhabitable.