El colapso de la gestión en la capital, 417 millones en el banco mientras la ciudad se consume en la suciedad, el abandono y los escándalos en las empresas municipales.

        La cruda realidad de las calles de Las Palmas de Gran Canaria se ha encargado de desmontar, de manera fulminante, la maquinaria de propaganda del Gobierno municipal de PSOE y Nueva Canarias.

      Detrás de los grandes titulares y las promesas de progreso, los datos del último pleno de junio revelan lo que muchos ya sospechaban: una absoluta incapacidad de gestión que mantiene a la ciudad sumida en el abandono tal como les espetó la portavoz popular Jimena Delgado.

        El dato más alarmante de esta parálisis financiera es elocuente: 417 millones de euros de fondos municipales permanecen ociosos en las cuentas bancarias, completamente sin ejecutar. Dinero público, salido de los bolsillos de los ciudadanos, que se queda "muerto de risa" en el banco en lugar de invertirse en mejorar la calidad de vida de los vecinos.

           Asi ha sido la información facilitada en el Pleno celebrado este viernes 26 de junio, datos que no deja ninguna duda de que el dinero público sigue pudriendose en las cuentas de los bancos y que además, el gobierno local demuestra que no ejecuta el presupuesto. Un baño de realidad e incompetencia manifiesta.

El escándalo de las facturas "en los cajones"

       Por si este secuestro del presupuesto no fuera suficiente, el pleno de este mes ha sacado a la luz una gestión contable digna de un expediente de terror administrativo. El grupo de gobierno ha llevado a aprobación un paquete de 1.417 facturas que estaban guardadas en los cajones desde el año 2017, sumando un total de 37 millones de euros pendientes de pago.

Sin embargo, lo verdaderamente insólito y llamativo de este volumen de facturas no es solo el retraso, sino su concentración:

• Todo ese montante afecta a tan solo 42 empresas.

• Sorprendentemente, 1.164 de esas facturas corresponden a una única entidad: la empresa municipal Geursa (Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria).

      Cabe recordar que Geursa se encuentra actualmente bajo investigación judicial por presunta corrupción, salpicando a su anterior gerencia. Que más del 75% de las facturas rescatadas del olvido pertenezcan a esta entidad y supongan un desembolso de 7 millones de euros levanta, como mínimo, necesidad de revisión y aclaración.

         Es de suponer —o al menos es lo que la responsabilidad democrática exigiría— que la oposición y los órganos de control habrán mirado con lupa cada céntimo y cada concepto de esta gestión tan sumamente peligrosa.

Incompetencia frente a la realidad de la calle

       El verdadero peligro del actual ejecutivo liderado por Carolina Darias es su evidente e incontestable incapacidad para gestionar y gastar su propio presupuesto. Nos encontramos ante el sumun de la incompetencia: un ayuntamiento rico con una ciudad castigada.

      Mientras los millones se acumulan en los bancos por la inacción política, la realidad del día a día se impone con dureza. Las Palmas de Gran Canaria se consume en suciedad, faltan contratos esenciales para servicios básicos y se da la dantesca situación de no contar siquiera con un contrato en vigor para raticidas, comprometiendo la salubridad de los barrios.

       El contraste es demoledor. La propaganda oficial intenta maquillar una realidad que los ciudadanos sufren a diario al salir de sus casas. Pero los datos de ejecución presupuestaria y el escándalo de las facturas ocultas no dejan lugar al engaño: por mucho que la mona se vista de seda, mona se queda. La incapacidad de gestión de este gobierno ya no se puede tapar con retórica.