LPGC: ¿Hay sablazo duplicado y contenedores de 2ª mano?

El servicio de limpieza en Las Palmas se suma al desastre de una gestión municipal a la deriva.

     El ayuntamiento capitalino vive una de las crisis de gestión institucional y financiera más severas de su historia reciente. Hay que remontarse a casi 30 años o más para encontrar una situación con tanta sensación de ir a la deriva toda la gestión por muy pequeña que sea.

    En medio de un escenario marcado por el creciente sablazo fiscal que asfixia a los ciudadanos, contratos de servicios públicos vencidos y parches operativos, el servicio de recogida de residuos urbanos ha desatado un auténtico esperpento político y vecinal que la oposición no ha dudado en calificar como la antesala de un auténtico «sablazo duplicado».

Contenedores de desecho madrileños en las calles canarias

      La voz de alarma la dio el Partido Popular (PP) en el consistorio capitalino. Su portavoz, Jimena Delgado, denunció públicamente la aparición en varios barrios de la ciudad de contenedores de basura usados y de segunda mano procedentes del Ayuntamiento de Madrid. Las imágenes no dejan lugar a dudas: los recipientes aún conservaban el logotipo de la capital de España burdamente tachado e, incluso, el número identificativo original de su inventario original en la península.

Para la oposición, resulta «inaceptable» que una gran capital que gasta en torno a 100 millones de euros anuales en limpieza, y que se dispone a aplicar un catastrazo en forma de una nueva tasa de basuras superior a los 32 millones de euros, someta a sus vecinos a recibir mobiliario urbano de desecho.

    El riesgo de un desembolso duplicado planea sobre las arcas públicas: los ciudadanos pagarán millones por un pliego técnico de renovación mientras las contratas de emergencia introducen de tapadillo material usado que ya ha cumplido su vida útil en otras comunidades.

De la crisis de limpieza al Estrecho de Ormuz

      Lejos de asumir la falta de fiscalización sobre las empresas concesionarias, las explicaciones ofrecidas por el grupo de gobierno local (PSOE-NC) y la alcaldesa, Carolina Darias, han rozado el surrealismo geopolítico.

     Desde las filas socialistas se ha justificado este parche señalando al bloqueo del Estrecho de Ormuz y las tensiones internacionales con Irán como el factor desencadenante de una crisis global en la cadena de suministros que impidió la llegada de contenedores nuevos a las islas.

      Según el relato oficial, la contrata se vio obligada a recurrir de forma «temporal y provisional» a unidades reutilizadas de Madrid y la península para evitar el desabastecimiento en plena emergencia sanitaria por insalubridad. Un choque de relatos frontal, dado que el PP exige luz y taquígrafos para saber bajo qué amparo legal u expediente administrativo se ha trasladado y colocado mobiliario de titularidad pública propiedad de otro ayuntamiento.

Un Ayuntamiento descontrolado por los escándalos judiciales

      La polémica de los contenedores de segunda mano no es un hecho aislado, sino el enésimo síntoma de un gobierno municipal que la oposición describe como totalmente desnortado y sin control.

     La crisis de la recogida de residuos coincide en el tiempo con un frente judicial sin precedentes que cerca a las empresas públicas y al entorno directo del ala socialista del consistorio:

• El 'Caso Valka' y GEURSA: La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística se sitúa en el ojo del huracán tras los registros de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. La investigación por presunta prevaricación, malversación y tráfico de influencias apunta a una supuesta trama de corrupción orientada a la distracción de fondos públicos en áreas clave, salpicando de lleno a la exconcejala de Servicios Públicos, Inma Medina, investigada por su papel en la presunta manipulación de pliegos y facturas en favor de proveedores habituales.

• La Sociedad de Promoción: Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco sobre las cuentas de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. Las pesquisas e interrogatorios mantienen bajo condición de investigadas a la exconcejala de Cultura Encarna Galván, a la actual edil Natalia Medina y a los gerentes de la entidad por un presunto conflicto de intereses y la presunta adjudicación irregular de contratos públicos a empresas vinculadas con consejeros de la corporación.

      Con los contratos esenciales vencidos desde hace años, licitaciones de emergencia millonarias para sostener los servicios mínimos de salubridad y los juzgados fiscalizando la gestión de las principales sociedades del municipio, Las Palmas de Gran Canaria encara una encrucijada donde el ciudadano, de momento, solo percibe dos realidades: calles degradadas y una subida inminente de los impuestos locales.