Gran Canaria rumbo a la isla Basura y pagando el sablazo

      El bolsillo del contribuyente canario vuelve a temblar. La llegada de la nueva tasa de basura se ha vendido desde los despachos del Gobierno central y del Ayuntamiento de la capital con la habitual palabrería biensonante: que si el principio de «quien contamina paga», que si la transición hacia la economía circular, que si las exigencias de Europa...

     Sin embargo, detrás de la fachada verde no hay más que un nuevo y doloroso sablazo fiscal que esconde una realidad vergonzosa: nos cobran por reciclar lo que ellos mismos, desde el Ayuntamiento o del Cabildo son incapaces de gestionar.

   La desfachatez es monumental. Mientras se exige al ciudadano separar minuciosamente el cartón, el plástico y el vidrio bajo amenaza de sanción económica, las administraciones públicas (todas, desde el Estado hasta el último ayuntamiento, pasando por la autonomía) apenas logran reciclar un mísero 9% de la basura total de Canarias.

    El 91% restante de la basura que se genera en las islas, evidencia el fracaso absoluto de un sistema que penaliza al eslabón más débil para tapar las vergüenzas de la gestión pública.

    Pero el drama en Gran Canaria adquiere tintes de colapso inminente. Vivimos en un territorio insular, con el espacio lógicamente limitado, y estamos jugando a la ruleta rusa con el calendario.

    El vertedero de Salto del Negro se colmata; no cabe un kilo más de desperdicios y su cierre definitivo está fechado para diciembre de 2028.

    ¿La alternativa inmediata? El complejo de Juan Grande, que correrá la misma suerte apenas seis meses después, en junio de 2029. En poco más de dos años, la isla se quedará sin un solo lugar físico donde sepultar su basura.

    Ante este abismo, la parálisis de nuestros gestores políticos, con el Cabildo de Gran Canaria a la cabeza, es exasperante.

   No hay plan B. No se ha tomado ni una sola decisión estratégica en los ultimos 12 años. Nadie ha llevado al pleno insular un debate serio sobre soluciones viables que ya funcionan en otros archipiélagos como Baleares: plantas de valorización energética, incineradoras de última generación o convenios para el traslado y reciclaje completo en la península. Nada. El debate está vetado.

    Mientras tanto, los fondos del FDCAN (Fondo de Desarrollo de Canarias), que debieron priorizar infraestructuras críticas y de supervivencia para la isla, se han evaporado en veinte mil boberías y proyectos de escaparate electoral. La misma desidia que sufrimos con la red de depuradoras y los impunes vertidos al mar se repite ahora con los residuos sólidos.

   Ni siquiera los fondos europeos Next Generations, cuyo sobrante y devolución a la UE es descomunal por la falta de proyectos y capacidad de ejecutar en toda España (aunque en Las Palmas ha sido todavía más vergonzoso).

    El trasfondo de esta inacción es puramente político y partidista. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y su equipo siguen priorizando los intereses electorales por encima del interés general.

    Presos del miedo a perder votos y parapetados tras una intransigencia ecologista puramente cosmética, se niegan en redondo a plantear alternativas de combustión modernas. Prefieren el inmovilismo antes que asumir el coste político de tomar decisiones valientes.

     A los ciudadanos se nos trata como a menores de edad. Se oculta la verdad, los partidos políticos todos escurren el bulto y se practica una irresponsable política del "mañana Dios dirá", confiando en que la bomba le explote al siguiente en el cargo.

    Si nadie lo remedia, el diagnóstico es tan crudo como real: gracias a la incompetencia de quienes nos gobiernan y nos fríen a impuestos, Gran Canaria camina con paso firme a convertirse en la «Isla Basura».

       Veremos en dos años, si podremos salir a la calle sin que la basura inunde todo.