Testigos claves contradicen al exalcalde Héctor Suarez

    La instrucción penal por las polémicas obras de emergencia de abasto de agua ejecutadas en Telde en 2022 ha vivido su semana definitiva en los juzgados, en la que comienza a trascender a los medios de comunicación lo declarado por testigos ante la Jueza Cristina Sbert Pinilla, titular de la Plaza Nº2 del Tribunal de Instancia de Telde.

     Tras las intensas jornadas de comparecencias de testigos e investigados el escenario judicial se ha complicado drásticamente para el exalcalde y actual concejal no adscrito, Héctor Suárez, al quedar al descubierto serias contradicciones entre sus argumentos políticos y la realidad técnica del expediente.

    El caso, que nació de una investigación del Seprona de la Guardia Civil, mantiene bajo la lupa la ampliación de un contrato a la empresa Construplan que pasó de 690.000 euros iniciales a más de 1,3 millones de euros, dinero con el que presuntamente se dio abasto a asentamientos y parcelas ilegales en suelo rústico protegido.

  El primer gran revés para la defensa de Suárez llegó en la ronda de declaraciones de los cinco testigos citados por el juzgado (entre los que figuraban empleados municipales, técnicos y un asesor que fue hombre de confianza del exalcalde).

   Ha trascendido que uno de los funcionarios citados declaró y reiteró ante las preguntas de S.Sª que el exalcalde fue advertido en varias ocasiones que la conexión de agua era ilegal, y especificamente que no se podía sustituir las conexiones de agua agricola por conexiones a vivienda.

   Igualmente las testificales señalaron la participación directa de Héctor Suárez en la orden de incrementar el presupuesto en 300.000 euros sin que conste ninguna justificación para ello, según la técnico que redactó el proyecto de la obra de emergencia, la cual detalló que el propio exalcalde la llamó dias antes de aprobarse la obra de emergencia para que redactara el proyecto.

   Por otro lado, también de las diligencias practicadas ha trascendido que la modificación del trazado de la obra intervino el asesor de confianza de Héctor Suárez, el cual, a tenor de lo declarado, indicaba que presuntamente eran ordenes del exalcalde.

    Según fuentes jurídicas, la declaración de una funcionaria municipal parece que se ha convertido en la causante de desmontar una de las principales coartadas del exalcalde, ya que la técnica aclaró ante la jueza que el informe emitido por su departamento —y que Suárez utilizó como base— no era el preceptivo ni el adecuado para un expediente del área de Aguas.

    Es más, la testigo especificó que en ningún momento valoró ni dio el visto bueno a la legalidad de enganchar agua a viviendas que carecían de documentación urbanística o cédula de habitabilidad, remarcando que esa responsabilidad y competencia recaía de forma exclusiva en la concejalía que dirigía el propio Suárez.

    Este testimonio debilita el argumento del exregidor, quien en reiteradas ocasiones ha intentado descargar la responsabilidad penal alegando que se limitó a firmar un oficio amparado por los criterios de los funcionarios.

Los cuatro investigados, en el banquillo

     Tras el cerco tendido por los testigos, el protagonismo pasó al bloque de los investigados. En total, cuatro personas declararon con asistencia letrada: el propio Héctor Suárez, una funcionaria municipal del área y dos trabajadores vinculados directamente a la ejecución del proyecto por parte de la adjudicataria.

     Durante su declaración, el exalcalde insistió en que decretó la emergencia el 1 de julio de 2022 para evitar dejar sin suministro a los vecinos afectados tras la marcha de la anterior distribuidora (Fraindagua). Sin embargo, el interrogatorio penal evidenció las lagunas del procedimiento:

• Sin aval de la Junta de Gobierno: Ninguno de los investigados pudo justificar sólidamente por qué el sobrecoste de más de 600.000 euros —que duplicó el presupuesto original— se ejecutó sin que constara la aprobación formal de la Junta de Gobierno Local ni la fiscalización previa del departamento de Intervención.

• La sombra de Construplan: Al no estar aprobadas formalmente esas facturas extra, la constructora tuvo que acudir a la vía judicial para cobrar el dinero a través de un procedimiento por "enriquecimiento injusto". Esta maniobra es la que ha llevado a la jueza instructora a sopesar la citación del representante legal de Construplan, buscando aclarar si la empresa participó activamente en decisiones que excedían el marco legal de una emergencia.

       La jueza enfila la recta final de una instrucción que deberá determinar si hay indicios racionales suficientes de los presuntos delitos recogidos en el atestado del SEPRONA, que apuntaban a posible prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, ordenación del territorio y negociaciones prohibidas a funcionarios.