Destrucción del tejido empresarial
El colapso de la licitación de obra pública en Canarias
Recursos propios para obra pública. Imagen pixabay/pexels-
Adjudicaciones desiertas o temerarias junto al abuso del rodillo de las empresas públicas por competencia desleal llevan a pymes y profesionales canarios a la desaparición
Tras los concursos desiertos y las obras empantanadas por constructoras de fuera, hay empresas familiares canarias que cierran y profesionales de las islas obligados a colgar el título. La burocracia y el abuso de los encargos a entes públicos declarados como medios propios están apagando el motor de nuestra tierra.
— Detrás de un término tan frío y técnico como "licitación desierta" no solo hay papeles acumulando polvo en el mostrador de un ayuntamiento. Hay calles levantadas que desesperan a los vecinos, pequeños comercios que pierden clientes por los accesos cortados y, sobre todo, familias canarias que ven cómo el sustento de su vida se desvanece.
El reciente fracaso del plan de asfaltado de 80 calles en Vecindario por 2'47 millones, que se quedó sin una sola empresa dispuesta a asumir el proyecto, no es una anécdota; es el síntoma de una enfermedad grave que padece la obra pública en nuestras islas.
El motor que debería construir el futuro de Canarias se está parando, y quienes están pagando el pato son las pequeñas empresas de aquí y los profesionales como arquitectos, ingenieros y demás que dan vida a nuestra economía, y son, en última instancia, el músculo y soporte de las pymes y autonómos.
El engaño de los presupuestos de miseria y las obras "fantasma"
Cualquier pequeño empresario canario sabe lo que cuesta hoy en día sacar adelante un negocio en las islas: el transporte de los materiales entre islas, el encarecimiento de las materias primas y el esfuerzo por mantener salarios dignos. Sin embargo, la Administración sigue lanzando concursos públicos con precios de hace una década, totalmente desconectados de la realidad insular.
Las constructoras locales, por pura supervivencia, no pueden presentarse a estos proyectos; firmar esos contratos equivaldría a firmar su propia ruina. Pero el drama no acaba ahí. Ese vacío lo están aprovechando grandes corporaciones de la península que, atraídas por las cifras sobre el papel, ganan los concursos sin tener un solo camión, una hormigonera ni un obrero en Canarias.
El desenlace ya lo conocemos todos y se repite en demasiados rincones de Gran Canaria:
-
La empresa de fuera llega a las islas con el contrato bajo el brazo.
-
Intenta subcontratar a los camioneros, constructores y operarios locales a precios de miseria.
-
El sector canario, plantándose con dignidad, se niega a trabajar perdiendo dinero.
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El resultado: La obra se paraliza, la constructora foránea se marcha y los vecinos se quedan con los barrios empantanados y las aceras rotas durante meses o años.
Esto recuerda mucho al principio de los años noventa, se destruye el empleo local y se castiga a la ciudadanía.
El abuso del rodillo de las empresas públicas
Existe otro drama silencioso, el que se vive entre planos, ordenadores y cafés de madrugada. Ingenieros, arquitectos, aparejadores y consultores técnicos de las islas —profesionales formados aquí, que conocen cada palmo de nuestro territorio— están asistiendo a su propia extinción.
La culpa la tiene una "moda" política que se ha vuelto destructiva: para ahorrarse el papeleo y los plazos de los concursos, las instituciones públicas adjudican los proyectos directamente "a dedo" a macroempresas públicas.
Lo que nació como una herramienta para emergencias puntuales se ha convertido en una centrifugadora que engulle todo el trabajo. El pequeño estudio de arquitectura del barrio o la ingeniería local que daba empleo a tres jóvenes recién graduados ya no pueden competir. No compiten contra otras empresas en igualdad de condiciones; compiten contra la propia Administración que se contrata a sí misma. y cuenta con esos profesionales asalariados que rompen el mercado de precios, etc.
Muchos profesionales autónomos, tras años de esfuerzo y vocación, se están viendo obligados a cerrar sus puertas o a malvivir como mano de obra precarizada. Nos estamos quedando sin tejido profesional propio.
¿Quién defiende lo nuestro?
Construir un país, una isla o un municipio no es solo tirar asfalto o levantar hormigón; es dar la oportunidad a tu gente de prosperar, de sentir que su esfuerzo sirve para mejorar el entorno donde crecen sus hijos.
Es terrible y desolador que muchas empresas desaparezcan o entren en crisis cercana a su casi liquidación, tal es el caso de la emblemática Cantería de Arucas, una empresa canaria, con solvencia, solera y capacidad, victima de la moda empresarial importando canteria de Vietnam, Armenia, etc, pero especialmente la obra pública no protege lo nuestro. Consecuencia, un daño irreparable la desaparición o liquidación de una empresa emblemática con empleo y capacidad de generar riqueza para todos
Si las instituciones públicas siguen ahogando a las empresas canarias con presupuestos irreales y dando la espalda a nuestros profesionales para dárselo todo a entes burocráticos, llegará un día —no muy lejano— en el que perderemos por completo la capacidad de valernos por nosotros mismos.
Dependeremos de que alguien en una oficina a miles de kilómetros decida si vale la pena arreglar una carretera en Gran Canaria.
Hace falta sensibilidad, empatía y voluntad política. Se necesita un pacto de respeto institucional hacia el tejido productivo canario. Hay que actualizar los precios para que las pymes locales puedan respirar, trocear los contratos para que los pequeños puedan competir y dejar de usar a las empresas públicas como un rodillo que todo lo aplasta.
Nuestras empresas y profesionales no piden favores ni privilegios; solo piden que se les valore, que se les pague lo justo y que les dejen trabajar para levantar su propia tierra. Alguien tiene que poner el cascabel al gato antes de que el daño sea irreversible.
Recursos propios para obra pública. Imagen pixabay/pexels-
Tras los concursos desiertos y las obras empantanadas por constructoras de fuera, hay empresas familiares canarias que cierran y profesionales de las islas obligados a colgar el título. La burocracia y el abuso de los encargos a entes públicos declarados como medios propios están apagando el motor de nuestra tierra.
— Detrás de un término tan frío y técnico como "licitación desierta" no solo hay papeles acumulando polvo en el mostrador de un ayuntamiento. Hay calles levantadas que desesperan a los vecinos, pequeños comercios que pierden clientes por los accesos cortados y, sobre todo, familias canarias que ven cómo el sustento de su vida se desvanece.
El reciente fracaso del plan de asfaltado de 80 calles en Vecindario por 2'47 millones, que se quedó sin una sola empresa dispuesta a asumir el proyecto, no es una anécdota; es el síntoma de una enfermedad grave que padece la obra pública en nuestras islas.
El motor que debería construir el futuro de Canarias se está parando, y quienes están pagando el pato son las pequeñas empresas de aquí y los profesionales como arquitectos, ingenieros y demás que dan vida a nuestra economía, y son, en última instancia, el músculo y soporte de las pymes y autonómos.
El engaño de los presupuestos de miseria y las obras "fantasma"
Cualquier pequeño empresario canario sabe lo que cuesta hoy en día sacar adelante un negocio en las islas: el transporte de los materiales entre islas, el encarecimiento de las materias primas y el esfuerzo por mantener salarios dignos. Sin embargo, la Administración sigue lanzando concursos públicos con precios de hace una década, totalmente desconectados de la realidad insular.
Las constructoras locales, por pura supervivencia, no pueden presentarse a estos proyectos; firmar esos contratos equivaldría a firmar su propia ruina. Pero el drama no acaba ahí. Ese vacío lo están aprovechando grandes corporaciones de la península que, atraídas por las cifras sobre el papel, ganan los concursos sin tener un solo camión, una hormigonera ni un obrero en Canarias.
El desenlace ya lo conocemos todos y se repite en demasiados rincones de Gran Canaria:
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La empresa de fuera llega a las islas con el contrato bajo el brazo.
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Intenta subcontratar a los camioneros, constructores y operarios locales a precios de miseria.
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El sector canario, plantándose con dignidad, se niega a trabajar perdiendo dinero.
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El resultado: La obra se paraliza, la constructora foránea se marcha y los vecinos se quedan con los barrios empantanados y las aceras rotas durante meses o años.
Esto recuerda mucho al principio de los años noventa, se destruye el empleo local y se castiga a la ciudadanía.
El abuso del rodillo de las empresas públicas
Existe otro drama silencioso, el que se vive entre planos, ordenadores y cafés de madrugada. Ingenieros, arquitectos, aparejadores y consultores técnicos de las islas —profesionales formados aquí, que conocen cada palmo de nuestro territorio— están asistiendo a su propia extinción.
La culpa la tiene una "moda" política que se ha vuelto destructiva: para ahorrarse el papeleo y los plazos de los concursos, las instituciones públicas adjudican los proyectos directamente "a dedo" a macroempresas públicas.
Lo que nació como una herramienta para emergencias puntuales se ha convertido en una centrifugadora que engulle todo el trabajo. El pequeño estudio de arquitectura del barrio o la ingeniería local que daba empleo a tres jóvenes recién graduados ya no pueden competir. No compiten contra otras empresas en igualdad de condiciones; compiten contra la propia Administración que se contrata a sí misma. y cuenta con esos profesionales asalariados que rompen el mercado de precios, etc.
Muchos profesionales autónomos, tras años de esfuerzo y vocación, se están viendo obligados a cerrar sus puertas o a malvivir como mano de obra precarizada. Nos estamos quedando sin tejido profesional propio.
¿Quién defiende lo nuestro?
Construir un país, una isla o un municipio no es solo tirar asfalto o levantar hormigón; es dar la oportunidad a tu gente de prosperar, de sentir que su esfuerzo sirve para mejorar el entorno donde crecen sus hijos.
Es terrible y desolador que muchas empresas desaparezcan o entren en crisis cercana a su casi liquidación, tal es el caso de la emblemática Cantería de Arucas, una empresa canaria, con solvencia, solera y capacidad, victima de la moda empresarial importando canteria de Vietnam, Armenia, etc, pero especialmente la obra pública no protege lo nuestro. Consecuencia, un daño irreparable la desaparición o liquidación de una empresa emblemática con empleo y capacidad de generar riqueza para todos
Si las instituciones públicas siguen ahogando a las empresas canarias con presupuestos irreales y dando la espalda a nuestros profesionales para dárselo todo a entes burocráticos, llegará un día —no muy lejano— en el que perderemos por completo la capacidad de valernos por nosotros mismos.
Dependeremos de que alguien en una oficina a miles de kilómetros decida si vale la pena arreglar una carretera en Gran Canaria.
Hace falta sensibilidad, empatía y voluntad política. Se necesita un pacto de respeto institucional hacia el tejido productivo canario. Hay que actualizar los precios para que las pymes locales puedan respirar, trocear los contratos para que los pequeños puedan competir y dejar de usar a las empresas públicas como un rodillo que todo lo aplasta.
Nuestras empresas y profesionales no piden favores ni privilegios; solo piden que se les valore, que se les pague lo justo y que les dejen trabajar para levantar su propia tierra. Alguien tiene que poner el cascabel al gato antes de que el daño sea irreversible.






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