Las Palmas de Gran Canaria — La aprobación del Decreto 23/2026 por parte del Gobierno de Canarias ha abierto una profunda grieta en el debate sobre la política social del archipiélago.

   La norma, encaminada a regular el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y a eliminar el polémico sistema de sorteos, introduce un listón inédito: exigir un arraigo acreditado de 12 años de residencia ininterrumpida (o 15 discontinuos) para poder adjudicarse una vivienda de promoción pública.

   La respuesta de los colectivos sociales no se ha hecho esperar. Plataformas como Derecho a un Techo y el Observatorio DESCA han formalizado la impugnación judicial del decreto, tildándolo públicamente de ilegal, excluyente y con tintes de "xenofobia institucional" o "racismo".

   Para estos colectivos, restringir el derecho a techo en base al tiempo que se lleva empadronado vacía de contenido las garantías de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, la medida reaviva una discusión mucho más profunda y espinosa: la viabilidad del propio sistema y el agravio comparativo que sufren miles de jóvenes isleños.

El "taladro" del certificado de vulnerabilidad social

     En el centro de esta encrucijada jurídica y moral se sitúa una figura burocrática que ha cobrado un peso colosal en la última década: el informe de vulnerabilidad social. Lo que en su origen nació como una herramienta de emergencia para proteger a familias en situaciones extremas de exclusión, se analiza hoy desde sectores críticos como una auténtica "patente de corso" capaz de saltarse cualquier baremo ordinario.

    Hoy en día, el reconocimiento de la vulnerabilidad social no solo da acceso a una red de protección básica, sino que activa un engranaje de derechos sustanciales libres de cargas:

• Rentas e ingresos garantizados: Ingreso Mínimo Vital (IMV), Renta de Ciudadanía y ayudas asistenciales directas.

• Bonificaciones sistemáticas: Subvenciones al alquiler, bonos eléctricos, térmicos y exenciones fiscales.

• Privilegios en el acceso público: Preferencias en el acceso a becas de estudio, plazas en escuelas infantiles, centros de formación y alojamientos residenciales para estudiantes.

    Toda esta maquinaria asistencial exige, como es lógico, la residencia legal o la atención humanitaria. Sin embargo, el debate se recrudece al constatar que, mientras la atención sanitaria universal o la justicia gratuita total ya están garantizadas por ley para cualquier ciudadano —incluido el migrante retenido en frontera—, el resto de prestaciones sociales de carácter competitivo no exigen una contraprestación en forma de cotización previa o actividad económica. Basta con acreditar la condición de vulnerable.

El vulnerable foráneo frente al "pobre de arraigo"

     La quiebra del consenso social surge al analizar la velocidad de adquisición de estos derechos. Bajo el actual entramado, un estudiante o una unidad familiar en situación de vulnerabilidad que lleve apenas cinco meses residiendo en las islas puede llegar a adelantar de forma inmediata en las listas de baremación a residentes históricos, al consolidar puntos de extrema exclusión de forma fulminante.

    Muchos de los beneficiarios de estas dinámicas prioritarias son ciudadanos foráneos —y el fenómeno sobrepasa la inmigración africana, abarcando a bolsas de población de países europeos como Rumanía o Bulgaria— que entran directos al sistema asistencial.

Ante este panorama, la pregunta que flota en los hogares canarios es inevitable: ¿Qué pasa con el joven isleño?

     Existe una inmensa masa de jóvenes canarios atrapados en el subempleo, encadenando contratos temporales o salarios precarios que no les permiten acceder al mercado libre del alquiler (asfixiado por la turistificación y los precios prohibitivos).

    Sin embargo, al contar con un arraigo local, una red familiar que les evita acabar literalmente en la calle o unos ingresos mínimos que superan los umbrales de la indigencia, quedan fuera de la consideración de "vulnerabilidad extrema".

    Para ellos, no hay viviendas públicas. Se encuentran en una lista de espera infinita donde miles de perfiles con mayor índice de exclusión —independientemente de cuánto tiempo lleven aportando a la comunidad— pasan sistemáticamente por delante.

¿Arraigo protector o discriminación?

    Quienes defienden la introducción de los 12 años de residencia argumentan que es la única vía para poner orden y justicia distributiva en un territorio fragmentado, hiperfrecuentado y con un parque de vivienda social históricamente bajo mínimos.

   Si los recursos son dramáticamente escasos, el tiempo de contribución y vecindad en la comunidad debe operar como un factor de equilibrio.

     Tachar de "racista" la exigencia de antigüedad residencial, señalan los sectores afines a la normativa, es ignorar el drama habitacional de las familias de las islas que ven cómo sus hijos se ven obligados a la emancipación tardía o a la emigración por la imposibilidad de competir con el flujo constante de solicitantes vulnerables.

    Si dar prioridad a los ciudadanos de larga duración es discriminación, ¿cómo se llama entonces a dejar desamparados a los jóvenes locales con menos recursos que ven cómo su propio sistema público les cierra la puerta?

    El debate judicial está servido en los tribunales, pero el dilema sociopolítico ya está en la calle: Canarias debe decidir si su política de vivienda debe ser un mecanismo de inserción universal inmediato o una herramienta de protección y estabilización para su población arraigada.