¿Quien se acuerda del pasado?
Jinamar entre las grietas y la desmemoria política de NC
Décadas de campaña para que vecinos obtuvieran la propiedad de sus viviendas y hoy, esconden la mano de aquel engaño masivo
El Valle de Jinámar vuelve a estar en el centro de la polémica, y no precisamente por una buena noticia. Recientemente, el portavoz de Nueva Canarias (NC) en Telde, José Luis Macías, visitó la calle Manuel Alemán Álamo para hacerse eco de una realidad desesperante: edificios con graves deficiencias de habitabilidad, problemas de insalubridad por pérdidas continuas de agua en las redes de saneamiento y, lo más preocupante, grietas alarmantes en los pilares y elementos estructurales de bloques como el número 9.
La denuncia de NC es políticamente impecable sobre el papel: se posiciona junto a las familias que temen por su seguridad y exige soluciones inmediatas a las administraciones. Sin embargo, tras la foto de rigor y la nota de prensa, surge el inevitable choque con la hemeroteca y las matemáticas.
¿Quién paga la factura?
La primera pregunta que aflora ante la opinión pública es directa: ¿Se pretende que la obra de rehabilitación estructural la pague el Ayuntamiento de Telde o el Gobierno de Canarias?
Tradicionalmente, cuando surgen estos problemas en Jinámar, las administraciones juegan al "impás de espera" o al lanzamiento de pelotas sobre el tejado ajeno.
El Ayuntamiento alega falta de competencias y recursos derivando el problema al Ejecutivo regional, mientras que el Gobierno autonómico —a menudo a través de Vivienda o Visocan— argumenta que, al ser los residentes propietarios de las casas, debe ser la comunidad de vecinos la que asuma la millonaria derrama de reparación estructural.
Aquí es donde falla la la denuncia de NC: exigir reparaciones sin definir la viabilidad legal y económica de los fondos públicos en propiedades privadas es, cuanto menos, un brindis al sol.
Cuando NC y CC abanderaban la propiedad
Para entender la paradoja actual, hay que hacer memoria. Durante más de una década —cuando Nueva Canarias y Coalición Canaria compartían siglas o agendas similares en distintas etapas electorales—, una de las grandes banderas de estos partidos fue exigir que las viviendas de Jinámar pasaran a ser propiedad de sus titulares y ocupantes, dejando de depender del régimen de alquiler social o público del Gobierno de Canarias.
El mensaje caló y muchos vecinos cumplieron el sueño de registrar las viviendas a su nombre. Pero, ¿acaso pensaron en ese partido que nadie se daría cuenta del engaño a largo plazo?
Al empujar la titularidad privada de los inmuebles con fines electoralistas, las formaciones políticas sabían perfectamente lo que venía después: traspasaban también la responsabilidad civil de los edificios.
Mientras las viviendas fuesen del Gobierno de Canarias, el mantenimiento estructural correspondía a las arcas públicas. Al convertirse en propiedad privada de comunidades con recursos muy limitados, la administración ganaba una coartada perfecta para lavarse las manos ante el desgaste material.
La fatiga del hormigón: cuando el tiempo no perdona
Los datos técnicos y de edificación no mienten. Los bloques de la primera y segunda fase de Jinámar se levantaron en la década de los 70 y principios de los 80. Han pasado más de 50 años desde su construcción.
La realidad técnica del hormigón:
Científicamente, la vida útil media del hormigón armado en edificación residencial se estima entre los 75 y 95 años, siempre y cuando haya tenido un mantenimiento óptimo. Sin embargo, en Jinámar concurren tres factores agravantes: la baja calidad de los materiales empleados originalmente en la vivienda social de la época, la proximidad a la costa (ambiente marino acelerador de la carbonatación) y las constantes humedades por roturas de saneamiento.
Es pura lógica que estos bloques empiecen a sufrir fatiga de materiales y fallas graves. De hecho, los informes periciales ya apuntan a que algunos refuerzos de pilares acometidos hace dos décadas se ejecutaron de manera deficiente.
Los vecinos de la calle Manuel Alemán Álamo tienen todo el derecho a exigir seguridad; sus vidas y sus patrimonios están en juego. Lo que resulta cuestionable es que las mismas fuerzas políticas que aceleraron la privatización de los bloques para apuntarse un tanto en el pasado, aparezcan hoy como salvadores, obviando que fueron copartícipes de un modelo que dejó a los vecinos desprotegidos ante el envejecimiento natural del hormigón.
Toca buscar soluciones habitacionales, tal como repiten los políticos de turno, que como loros repiten lo que oyen, aunque su pedantería les impida saber que realmente se trata de resolver los problemas de las viviendas públicas o de las que lo fueron en el pasado reciente.
La financiación urgente no es dificil que se apruebe, lo verdaderamente dificil es que se materialice en inversiones o planes de renovación, pero sin olvidar cómo se llegó hasta aquí.
Las grietas de Jinámar no solo son de cemento; también son las grietas de una memoria política bastante selectiva.
El Valle de Jinámar vuelve a estar en el centro de la polémica, y no precisamente por una buena noticia. Recientemente, el portavoz de Nueva Canarias (NC) en Telde, José Luis Macías, visitó la calle Manuel Alemán Álamo para hacerse eco de una realidad desesperante: edificios con graves deficiencias de habitabilidad, problemas de insalubridad por pérdidas continuas de agua en las redes de saneamiento y, lo más preocupante, grietas alarmantes en los pilares y elementos estructurales de bloques como el número 9.
La denuncia de NC es políticamente impecable sobre el papel: se posiciona junto a las familias que temen por su seguridad y exige soluciones inmediatas a las administraciones. Sin embargo, tras la foto de rigor y la nota de prensa, surge el inevitable choque con la hemeroteca y las matemáticas.
¿Quién paga la factura?
La primera pregunta que aflora ante la opinión pública es directa: ¿Se pretende que la obra de rehabilitación estructural la pague el Ayuntamiento de Telde o el Gobierno de Canarias?
Tradicionalmente, cuando surgen estos problemas en Jinámar, las administraciones juegan al "impás de espera" o al lanzamiento de pelotas sobre el tejado ajeno.
El Ayuntamiento alega falta de competencias y recursos derivando el problema al Ejecutivo regional, mientras que el Gobierno autonómico —a menudo a través de Vivienda o Visocan— argumenta que, al ser los residentes propietarios de las casas, debe ser la comunidad de vecinos la que asuma la millonaria derrama de reparación estructural.
Aquí es donde falla la la denuncia de NC: exigir reparaciones sin definir la viabilidad legal y económica de los fondos públicos en propiedades privadas es, cuanto menos, un brindis al sol.
Cuando NC y CC abanderaban la propiedad
Para entender la paradoja actual, hay que hacer memoria. Durante más de una década —cuando Nueva Canarias y Coalición Canaria compartían siglas o agendas similares en distintas etapas electorales—, una de las grandes banderas de estos partidos fue exigir que las viviendas de Jinámar pasaran a ser propiedad de sus titulares y ocupantes, dejando de depender del régimen de alquiler social o público del Gobierno de Canarias.
El mensaje caló y muchos vecinos cumplieron el sueño de registrar las viviendas a su nombre. Pero, ¿acaso pensaron en ese partido que nadie se daría cuenta del engaño a largo plazo?
Al empujar la titularidad privada de los inmuebles con fines electoralistas, las formaciones políticas sabían perfectamente lo que venía después: traspasaban también la responsabilidad civil de los edificios.
Mientras las viviendas fuesen del Gobierno de Canarias, el mantenimiento estructural correspondía a las arcas públicas. Al convertirse en propiedad privada de comunidades con recursos muy limitados, la administración ganaba una coartada perfecta para lavarse las manos ante el desgaste material.
La fatiga del hormigón: cuando el tiempo no perdona
Los datos técnicos y de edificación no mienten. Los bloques de la primera y segunda fase de Jinámar se levantaron en la década de los 70 y principios de los 80. Han pasado más de 50 años desde su construcción.
La realidad técnica del hormigón:
Científicamente, la vida útil media del hormigón armado en edificación residencial se estima entre los 75 y 95 años, siempre y cuando haya tenido un mantenimiento óptimo. Sin embargo, en Jinámar concurren tres factores agravantes: la baja calidad de los materiales empleados originalmente en la vivienda social de la época, la proximidad a la costa (ambiente marino acelerador de la carbonatación) y las constantes humedades por roturas de saneamiento.
Es pura lógica que estos bloques empiecen a sufrir fatiga de materiales y fallas graves. De hecho, los informes periciales ya apuntan a que algunos refuerzos de pilares acometidos hace dos décadas se ejecutaron de manera deficiente.
Los vecinos de la calle Manuel Alemán Álamo tienen todo el derecho a exigir seguridad; sus vidas y sus patrimonios están en juego. Lo que resulta cuestionable es que las mismas fuerzas políticas que aceleraron la privatización de los bloques para apuntarse un tanto en el pasado, aparezcan hoy como salvadores, obviando que fueron copartícipes de un modelo que dejó a los vecinos desprotegidos ante el envejecimiento natural del hormigón.
Toca buscar soluciones habitacionales, tal como repiten los políticos de turno, que como loros repiten lo que oyen, aunque su pedantería les impida saber que realmente se trata de resolver los problemas de las viviendas públicas o de las que lo fueron en el pasado reciente.
La financiación urgente no es dificil que se apruebe, lo verdaderamente dificil es que se materialice en inversiones o planes de renovación, pero sin olvidar cómo se llegó hasta aquí.
Las grietas de Jinámar no solo son de cemento; también son las grietas de una memoria política bastante selectiva.
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