El bucle de la ilegalidad con el PIO de Gran Canaria

  La segunda sentencia del TSJ Canarias declarando la nulidad radical del Plan Insular de Gran Canaria, en esta ocasión por un recurso presentado por el Grupo LOPESAN vuelve a reiterar que es inadmisible que todo el Plan se haya basado en una norma derogada y por tanto no hay cabida, mas que la Nulidad de Pleno Derecho.

r  Poco ha tardado la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción en salir al paso exigiendo que no se puede paralizar todas las inversiones y proyectos en curso.

  Con esta declaración se ha vuelto a activar un resorte tan viejo como predecible en las islas: el de las alarmas del sector empresarial con el argumento de siempre: el "interés general", el empleo y el fantasma de la ruina económica.

Sin embargo, detrás de esta urgencia se esconde el enésimo capítulo de una doctrina peligrosa que lleva décadas destruyendo el territorio canario: la política de los hechos consumados.

La nulidad de pleno derecho: Lo que "nunca existió" pero se construyó

    En el ordenamiento jurídico, la nulidad de pleno derecho es la sanción más grave que existe. Significa, sobre el papel, que ese plan o esa norma ilegal nunca debió nacer y que sus efectos jurídicos son nulos desde el origen. Pero en la práctica canaria, la realidad física y la conducta institucional de los politicos, funcionarios y empresarios es que se ríen del derecho.

La estrategia es tan burda como efectiva:

1. Se aprueba un plan con prisas, saltándose los informes medioambientales o los trámites preceptivos (esos que políticos y altos funcionarios consideran "simple burocracia").

2. Se conceden las licencias a velocidad de vértigo.

3. Se empieza a construir y a mover el cemento.

4. Cuando los tribunales, diez años después, declaran la ilegalidad radical del plan, el estropicio ya está hecho.

    Es entonces cuando el sector privado y los gobernantes se alían bajo la pancarta del pragmatismo: «¿Cómo vamos a demoler esto ahora? El daño económico sería peor. Hay que legalizarlo por el bien común». Al final, la ilegalidad se premia y se consolida.

Un negocio redondo a costa del territorio

   Este bucle infinito plantea una pregunta incómoda pero obligatoria: ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que las leyes que protegen nuestra tierra sean tratadas como un mero trámite prescindible?

    Tratar la normativa urbanística y medioambiental como un obstáculo sorteable solo beneficia a unos pocos. De esta manera, nos vamos cargando el territorio, devorando la naturaleza y triturando el paisaje de Gran Canaria para que un puñado de promotores haga el negocio multimillonario del siglo.

   Y mientras el ciudadano de a pie sufre las consecuencias de un modelo insostenible, en los despachos de la administración ocurre lo de siempre: una casta de políticos y, fundamentalmente, de altos funcionarios que, lejos de velar por la legalidad, se han puesto ciegos a repartir prebendas, engordando sus redes de influencia y sus patrimonios a costa de mirar para otro lado.

   El urbanismo a la carta en Canarias ha sido, históricamente, la mayor mesa de banquetes para la corrupción de cuello blanco.

El chantaje del colapso económico

   El comunicado de la patronal pidiendo que "las inversiones no se detengan" no es más que un chantaje emocional a la sociedad. Nos obligan a elegir entre legalidad o empleo, entre paisaje o progreso, cuando la verdadera dicotomía debería ser entre decencia o impunidad.

   Con esa técnica se han salvado y consolidado hoteles que ocupan tanto las playas que cuando sube la marea tropieza con sus paredes, y se salvó tal atentado por el numero de empleos que mantiene.

    Si cada vez que la justicia tumba un macroproyecto o un plan insular por haber sido tramitado chapuceramente se busca una rendija legal para "amnistiarlo", estamos ante un Estado de derecho fallido.

   Si la ley no es igual para todos, el mensaje es claro: si eres un pequeño propietario y pones una ventana sin permiso, te cae todo el peso de la ley; si eres un pequeño agricultor que pones un muro con cemento o un cuarto de aperos, practicamente te lleva a la ruina la sanción de la APMUN y el derribo y restauración del terreno; sin embargo si eres un gran promotor amparado por un político complaciente, o te haces un chalet o una mansión o puedes construir hoteles o carreteras sobre un plan ilegal, porque al final el interés general acudirá al rescate para blanquear tu inversión.

    Canarias no puede seguir gobernándose bajo la premisa de pedir perdón en lugar de pedir permiso.

   El PIO de Gran Canaria debe ser un punto de inflexión. Si hay proyectos que tienen que caer porque su base era ilegal, que caigan. Y si algunos tienen que devolver las comisiones o prebendas recibidas, que las devuelvan o que la pierdan los corruptores que las ofrecieron.

   De lo contrario, sigamos asfaltando la isla hasta que no quede nada que proteger, mientras los mismos de siempre se siguen llenando los bolsillos.