Agravio comparativo con las pensiones directas a la ruina

     Existe actualmente una ola general de simpatía y se recibe como una buena noticia todo aquello que suponga un incremento o complemento de las pensiones no contributivas y el apoyo a los mas vulnerables, en relación a la renta de ciudadanía que tan pomposamente se pretende extender y universalizar.

   Repito, resulta chocante esa buena prensa y acogida de los medios de comunicación de aquellas medidas de los politicos que se dedican con todo el autobombo necesario a proclamar las bondades y necesidades de complementar e incrementar las pensiones a aquellos que no pudieron obtener una pensión contributiva.

    Se pretende vender como un avance y ejercicio de solidaridad frente a los mas vulnerables o eso dicen, sin embargo la realidad es muy distinta, porque consolida el agravio comparativo de los pensionistas que si han contribuido.

   Se presenta cada incremento de las pensiones no contributivas y de los subsidios asistenciales como una victoria de la justicia social. Se nos vende como la cúspide de la solidaridad hacia los más vulnerables.

   Sin embargo, detrás de la propaganda política y de lo "políticamente correcto", se esconde una realidad incómoda pero incontestable: la consolidación de un profundo agravio comparativo que penaliza el esfuerzo de toda una vida laboral e incentiva la desconexión del sistema.

La paradoja del esfuerzo: Sumar años frente a sumar subsidios

   El corazón del sistema público de pensiones se basa —o debería basarse— en el principio de contributividad: quien aporta, recibe en proporción a su esfuerzo. No obstante, la brecha real entre haber cotizado décadas o no haberlo hecho se está estrechando a pasos agigantados.

   Para poner perspectiva, según los datos oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la pensión contributiva media del INSS es 1.309 euros/mes, y la pensión media jubilación es 1.510 €/mes, es decir en torno a niveles muy modestos para millones de trabajadores, especialmente autónomos o aquellos que han encadenado periodos de paro prolongado, crisis económicas o empleos precarios.

   Cuando un ciudadano que ha lidiado con los sacrificios del mercado laboral durante 30 o 40 años calcula su prestación neta, descubre con estupefacción que la distancia económica respecto a una pensión no contributiva (o combinada con otros complementos autonómicos y asistenciales) es alarmantemente exigua.

   Disfrazar esto de "solidaridad" es un insulto al contribuyente. Es, en toda regla, un agravio comparativo que iguala por abajo y que envía un mensaje nefasto a la sociedad: el esfuerzo, el arraigo y la cotización no merecen la pena.

Demografía, nacionalizaciones exprés y la presión comunitaria

   Este fenómeno se ve agravado por las dinámicas demográficas y de regularización actuales. La llegada de perfiles que acceden a la nacionalidad o residencia en edades avanzadas (un porcentaje significativo del 40% supera los 50 años) hace matemáticamente imposible que cumplan con el periodo de carencia mínimo de 15 años para optar a una pensión contributiva.

   Amparados por la normativa de la Unión Europea y la propia legislación española en materia de no discriminación, estas situaciones derivan en la concesión de prestaciones no contributivas sin exigir criterios estrictos de antigüedad laboral o cotización previa en el país.

   El resultado es un incremento exponencial de la presión sobre una hucha pública que ya está exhausta. No se trata de xenofobia, sino de pura aritmética financiera: el Estado del bienestar actual lo construyeron generaciones que aportaron durante décadas; abrir el sistema sin contrapartida de esfuerzo previo rompe el equilibrio de reciprocidad.

El espejo de Grecia y la farsa de la renta ciudadana

  El debate se extiende a la llamada "renta de ciudadanía" o el Ingreso Mínimo Vital. El propósito sobre el papel es loable: asegurar una vida digna para todos. Pero la pregunta incómoda que ningún partido político en el arco parlamentario se atreve a responder con honestidad es: ¿Quién paga la fiesta?

   Actualmente, todo este entramado asistencial se sostiene bajo un modelo ficticio alimentado por:

• Una deuda pública desbocada.

• Créditos del Estado que se pagan a precio de oro debido a los tipos de interés.

  Este parcheo constante oculta la ruina que se avecina. Estamos financiando gasto corriente estructural con deuda, lo que nos encamina directamente al colapso del sistema.

   Cuando el dique de la deuda rompa, las consecuencias no las sufrirán los políticos, sino los pensionistas contributivos, cuyas prestaciones se verán gravemente recortadas. Es un escenario que ya vimos en las crisis financieras de Grecia y Portugal hace poco más de una década, donde las pensiones sufrieron hachazos dramáticos de la noche a la mañana.

Justicia antes que beneficencia

   La verdadera solidaridad no consiste en vaciar los bolsillos del que trabajó para repartirlo sin criterio de reciprocidad. Antes de incrementar de manera sistemática y con fines electoralistas las pensiones no contributivas, los fondos disponibles de la recaudación deberían destinarse a blindar y dignificar las pensiones contributivas. Eso es lo justo, lo correcto y lo sostenible.

   Es justo que el gasto farmaceútico se dispare y cuando se hable de copago, éste solo afecta al que contribuyó y no a los que disfrutan de la protección del Estado por ser vulnerables y no haber contribuido nunca o muy poco.

   Romper la baraja de la contributividad desincentiva el trabajo legal, fomenta la economía sumergida y destruye el pacto entre generaciones.

   Si trabajar y cotizar deja de ser el motor para garantizar el futuro, el sistema entero caerá por su propio peso. Y cuando caiga, caeremos todos.