Canarias es el vertedero de la metrópolis de Pedro Sánchez

    La crisis del crucero del hantavirus en el puerto de Granadilla no es solo un problema de salud pública o de gestión marítima; es la confirmación de una jerarquía de ciudadanos en el Estado español.

   Lo que estamos viviendo estos días en Tenerife es el vivo retrato de una relación colonial que se resiste a morir en pleno siglo XXI, donde las órdenes se dictan en Madrid y los riesgos se asumen en las islas.

Dos errores, una misma desfachatez

   La gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido una cadena de despropósitos que difícilmente pueden achacarse a la improvisación. Estamos ante una hoja de ruta de la soberbia.

1. El pecado original: El Gobierno central aceptó la entrada del buque en aguas canarias sin una sola consulta previa al Gobierno de Canarias. Se ignoró al presidente Fernando Clavijo y a las instituciones locales, tratando al archipiélago como un simple tablero de Risk donde las piezas se mueven por control remoto desde un despacho en la Castellana.

2. La trampa del "tiempo indefinido": Si la primera decisión fue un atropello, la segunda es una traición. Se nos vendió que el atraque en Granadilla sería una escala técnica mínima para evacuar a los afectados. Hoy, la realidad es otra: el fondeo es indefinido o se oculta esa permanencia. Ya no es una emergencia humanitaria, es un aparcamiento de residuos biológicos impuesto por decreto.

¿Ciudadanos de primera, de segunda y de tercera?

   Lo que resulta verdaderamente hiriente es el doble rasero geográfico y electoralista. Resulta ingenuo pensar que Pedro Sánchez habría ordenado manu militari el atraque de este buque en los puertos de Andalucía, ahora que están en plena campaña electoral y cada voto cuenta. A 36 horas de navegación hasta Cadiz, Huelva o Algeciras, los puertos andaluces habrían sido una opción lógica, pero políticamente "peligrosa" para el PSOE.

   ¿Y qué decir de Barcelona o Bilbao? Allí, el Ejecutivo central no se atreve a mover una batea sin pedir permiso, no ya a las instituciones, sino a los líderes nacionalistas e independentistas de quienes depende la estabilidad de la Moncloa. En Cataluña o el País Vasco, el Estado negocia; en Canarias, el Estado impone.

Canarias no es un solar

   Esta maniobra pone de manifiesto que, para el actual Gobierno central, Canarias es una comunidad de tercera. Se nos exige solidaridad y obediencia, pero se nos niega el respeto institucional básico. Se utiliza nuestra lejanía no para protegernos, sino para ocultar problemas lejos de los ojos de la península.

     El veto de Clavijo, ignorado por el rodillo de Sánchez, es el símbolo de una autonomía que el Estado prefiere ver como una colonia. Si el Gobierno de España cree que puede convertir los puertos canarios en el "patio trasero" donde esconder aquello que no se atreven a gestionar en otros territorios, es que no conocen la dignidad de este pueblo.

    No somos un solar a disposición de los intereses electorales de la Moncloa. Somos ocho islas con derecho a decidir sobre nuestra seguridad y nuestro futuro, por mucho que a Pedro Sánchez le resulte más cómodo gobernar por decreto desde la distancia y con el indigno silencio y sumijsión de sus cargos en Canarias.

Marcelo Valerón

Colaborador de VerGranCanaria.