Conchi Narváez entre las cuerdas por los incumplimientos de su padre

Se ponen crudas las cosas en San Bartolomé de Tirajana. En el año 2018, por una denuncia formulada ante la Fiscalía por una vecina, y para más inri socialista también, se ordenó el derribo de las obras realizadas por Julio Narváez, padre de la alcaldesa Conchi Narváez, para albergar un centro hípico. De este modo, los tribunales le dieron la razón a la denunciante, que alegaba que las obras no contaban con licencia y que además el suelo era rústico.

La denunciante agotó la vía administrativa y ante la pasividad del consistorio decidió poner el asunto en manos de la Fiscalía, que sí que actuó y sigue actuando en el caso. Con el fin de evitar la cárcel, se comprometió a derribar las obras. Pero la realidad, a febrero de 2022, parecen ser totalmente diferentes.

La persona que destapó todo esto sostiene que durante este periodo de tiempo no se han producido los derribos, y es más, se han seguido con actividades dentro de las obras ilegales. Un asunto que puede recobrar mayor importancia si se observan los hechos, acciones u omisiones, de su hija, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. El consistorio quizás debió actuar durante todo este tiempo, cosa que al parecer no ha hecho. Lo que si está claro es que Conchi Narváez no acudió a los juzgados a denunciar ninguna anomalía siendo cargo público.

Ahora, la Fiscalía sigue de cerca de nuevo los incumplimientos y ya investiga los hechos nuevamente. De no haberse producido el derribo en los plazos correspondientes se estaría infringiendo en lo acordado judicialmente y por lo tanto pasar a una privación de libertad; cárcel. También se sigue de cerca los pasos de la alcaldesa, ya que posiblemente el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana debió precintar las instalaciones o proceder a su derribo, cuestión que suele suceder en casos similares y luego cargar las costas al responsable, en este caso sería el padre de la alcaldesa.

Hay que recordar que la prevaricación urbanística, el actuar u omitir acciones a sabiendas de que está mal, es uno de los delitos más graves para un cargo público, y que está penado con cárcel y además por inhabilitación para ejercer cargo público. De ahí la preocupación por la vinculación familiar, cargo público y todo lo demás.