Otra vez acusaciones turbias en Deportes del Cabildo GC

     La legislatura pasada 2015-19 terminó con una denuncia o querella del entonces consejero de Coalición Canaria contra Angel Victor Torres en aquellas fechas como Vicepresidente del Cabildo y Consejero de Deportes por supuestos regalos o condonaciones de precios públicos por el uso del Gran Canaria Arena y de otras actividades del área cabildicia.

La instrucción judicial determinó el sobreseimiento y archivo de la causa tras comprobar que las irregularidades denunciadas no constituían ningún ilicito penal.

En este nuevo mandato 2019-203 vuelve a la palestra judicial el área de Deportes del Cabildo con escritos presentados ante la Fiscalía y con acusaciones de graves irregularidades en la gestión de este Departamento que ha culminado con el cese de la Gerente de Deportes del Instituto Insular de Deportes, Carmen Santana.  La cual, apunta en una nota hecha pública que dicho Organismo, dependiente de la Consejería del Cabildo de Gran Canaria que ostenta el socialista Francisco Castellano, protagonizó una serie de irregularidades, que la denunciante considera como indiciaria de posibles delitos.

El caso que salió a la luz pública a través del Periódico La Provincia-Diario de Las Palmas señala que la gerente ahora cesada se negó a abonar factura ilegales que venían con reparos u objeciones de la propia Intervención General del Cabildo, por lo que según manifiesta Carmen Santana esa fue la principal causa de su cese.

También apunta a que el Consejero de Deportes ha creado una administración paralela a la de los propios funcionarios de Deportes, y que además ha terminado colocando a personal ajeno al propio Instituto unicamente para sortear los obstaculos que le supone el propio personal.

Concreta que el proyecto Gran Canaria Isla Europea del Deporte es el instrumento de gestión de 3 millones de euros donde aparantemente el Consejero ha pretendido hacer o aprobar resoluciones con informes contrarios o negativos de los funcionarios, y que ha sido la labor de éstos la que ha impedido que se hicieran ilegalidades.

Tambien señala que ha habido la contratación de servicios de comunicación con una empresa que no tiene solvencia o experiencia en ello.

En el trasfondo se advierte la problemática de la hipocresía de los partidos políticos que pretenden vender que ponen al frente de los organismos públicos a cargos cualificados y elegidos por sus meritos, cuando en realidad son cargos ejecutivos que son de total y absoluta confianza política.

Este parece el caso del IID cuyo consejero ha tenido que mantener en el cargo a alguien con el que no tiene ninguna o escasa confianza política, y no le ha sido posible encontrar socialistas con ese perfil capaz de ganar la plaza por concurso de meritos.

Esta hipocresía política ha fomentado y colocado a una casta reducida y especializada en curriculums impecables para optar a estas plazas sin que medie oposición como se le exige a todos los funcionarios públicos (merito, capacidad, publicidad).

Mejor que se dejen de monsergas y cambién otra vez la ley, y permitan que estos cargos de directores generales o gerentes sean cargos políticos, con la única limitación de exigirles una titulación academica acorde.