Arcadio Díaz Tejera, Juez con alma de Diputado del Común

Su llegada al Juzgado de Instrucción Nº8 de Las Palmas ha sido noticia, la primera porque ordenó cerrar el CIE de Barranco Seco al no reunir condiciones minimas de salubridad para los inmigrantes, más recientemente su visita al Muelle de Arguineguín con la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno revisando el campamento levantado allí para los inmigrantes, fue noticia a nivel nacional por las condiciones inhumanas que soportaban estas personas y que causaron incluso las lágrimas de la alcaldesa en la rueda de prensa.

 Ayer hemos conocido que el magistrado Diaz Tejera, en funciones de Juzgado de Guardia se desplazó hasta el inmueble en la Avenida Rafael Cabrera de la capital por el corte electrico que afectaba a 56 familias.

   El Juez contactó con vecinos e incluso con el Ingeniero de la obra que se había ejecutado, y no pudiendo contactar con los responsables de la compañia electrica dictó paralizar ese corte y requerir a la Dirección General del Gobierno de Canarias con advertencia de incurrir en delito de desobediencia sino llevaba a término la orden judicial.

    Arcadio Díaz Tejera ha sido Adjunto y Diputado del Común, en todo caso, resulta patente que su retorno al ejercicio de la magistratura en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas no ha olvidado su alma de Diputado del Común.

El magistrado al frente del Juzgado de Guardia en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) requirió hoy con apercibimiento de desobediencia a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, a Endesa y a la empresa Cobra para que de forma “inmediata y urgente” repusiera el suministro eléctrico a un edificio de la avenida capitalina de Rafael Cabrera al que ayer se había cortado la luz sin previo aviso a sus moradores, cercenando, a juicio de la autoridad judicial, los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y psíquica y a la movilidad.

56 familias se habían quedado desde ayer sin electricidad ni agua en un edificio de siete plantas con ascensor en el que, entre otras personas, detalla el auto de requerimiento, viven dos usuarios de respiradores que precisan de conexión a la red para el funcionamiento de estos aparatos.

Tras practicar las diligencias pertinentes y constatar que la reposición de la energía cortada no entrañaba peligro alguno, el magistrado de guardia –el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, Arcadio Díaz Tejera-, ordenó a la Dirección General y a la empresa suministradora el restablecimiento del servicio “a la mayor brevedad”, Advirtiendo que de no hacerlo podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, penado con prisión de tres meses a un año.

El Juzgado ha confirmado que el servicio fue repuesto a las 15.00 horas de hoy, viernes, en cumplimiento de la orden judicial. Según detalla el auto dictado por el magistrado de guardia, el corte del suministro lo ejecutó la subcontrata Cobra a las 17.20 horas de ayer jueves, a requerimiento de Endesa.

Endesa lo ordenó a petición de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias en base a un requerimiento previo, de 7 de septiembre, que “sólo recibió el ingeniero que hizo la obra, no la comunidad de propietarios”,subraya el auto.

Es decir, a las 56 familias se les cortó el suministro eléctrico “sin saberlo con antelación”, dejando sin funcionamiento el agua caliente o los ascensores, por lo que, detalla el juez, los vecinos “se han quedado sin
poder acceder a sus viviendas”.

Industria había acordado esta restricción de energía al tener constancia de que en el edificio se estaban llevando a cabo cierto tipo de obras. Uno de los vecinos del inmueble, tras constatar el apagón, acudió al Juzgado de Guardia para denunciarlo ayer por la tarde.

La autoridad judicial escuchó al denunciante, a su abogado y a un grupo de comuneros del inmueble, y tras visitar el edificio y llevar a cabo una inspección ocular, intentó contactar por teléfono con la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, “sin resultado alguno”, reseña el auto.

Sí consiguió hablar con el ingeniero que había hecho la obra que había fundamento el corte de suministro. Ayer, en el Juzgado de Guardia, éste manifestó que la obra “estaba finalizada y que no representaba riesgo alguno para los vecinos ni para sus moradores, que todo el problema es de certificados de tipo técnico”. Es decir, que la obra no entrañaba ninguna “dificultad de seguridad de las instalaciones eléctricas”.

El juez optó por ordenar el restablecimiento del suministro “teniendo en cuenta que los fines que legítimamente interesa la Administración Pública competente se pueden obtener por vías menos gravosas para la salud y la integridad de quienes habitan el edificio”.

Fuente: Gabinete Prensa TSJ Canarias.