Declarada persona Non Grata el Ministro de Justicia

    El Colegio de Abogados de Las Palmas acordó en una Junta Extraordinaria y Urgente la declaración de persona "Non Grata" al Ministro de Justicia Juan Carlos Campos que además es Magistrado ahora en excedencia especial por ocupar cargo político en el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

    La razón de esta declaración de persona non grata obedece a la intransigencia del Ministro que se ha negado en redondo a rectificar su propuesta de habilitar el proximo mes de agosto (del 11 al 31) para celebrar todo tipo de actuaciones judiciales, de tal manera que se le impide a los letrados acceder a las vacaciones anuales (época en la que unicamente pueden hacerlo toda vez que desde tiempos inmemoriales el mes de agosto siempre ha sido inhábil judicialmente en todos los ordenes salvo las causas penales y de instrucción urgente.

    El Ministro no atendió las peticiones de los colegios profesionales ni del Consejo General de la Abogacía y aplicó el rodillo del decreto legislativo aprovechando el estado de alarma, incluso para modificar las aplicaciones de leyes procesales tanto en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como en otros ámbitos procesales poco justificados o claramente unilaterales desde la optica del Ministerio y sin debatir ni consultar a los operadores de la justicia.

     Igualmente el Colegio de Abogados aprobó elevar queja al Defensor del Pueblo para que interponga recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma y también ha convocado para el próximo 25 de mayo una consulta con todos los abogados para acordar una convocatoria de huelga de toda la abogacía durante el proximo mes de agosto a partir del 11 de ese mes hasta el 31.

     Resulta palpable que se ha roto y dinamitado el delicado consenso y paz social en el ámbito de la Justicia, puesto que la conducta del Gobierno de Pedro Sánchez durante la declaración del estado de alarma ha sido una constante en ganarse enemistades de todo tipo de colectivos y entidades sociales; sin embargo, las decisiones que han afectado al ámbito de la abogacía han sido, si cabe, mucho más graves y trascendentes, por cuanto se pretenden supuestamente generar unos beneficios a la ciudadanía causando perjuicio a los derechos fundamentales de los profesionales como abogados y procuradores, mediante la aplicación unilateral de modificaciones procesales incluso en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin que hubiera ni siquiera un minimo debate o consulta en el Congreso de los Diputados o los órganos del Estado.

     Sorprende esta conducta de un gobierno minoritario y plural de la coalición PSOE-Podemos, por cuanto en lugar de estar sumando voluntades está generando división, rechazo y contestación social muy relevante en todos los sectores sociales.

Se ajdunta copia de la nota de prensa del ICALPA.