Acuerdo para crear Autoridad Canaria de la Competencia

    Canarias da un paso más en su desarrollo estatutario y aprobó en el último Consejo del Gobierno, la propuesta de iniciar los trámites para la creación del órgano autonómico en materia de control de la libre competencia del mercado en el archipiélago.

     Por tanto Canarias podrá establecer mecanismos de control y supervisión del mercado isleño para evitar que se pueda alterar o restringir la libre competencia.

         Cuestión tradicionalmente peliaguda y polémica en el debate económico del archipiélago, por cuanto la condición insular de mercado fragmentado, pequeño y sobretodo alejado del continente determinan que en Canarias es muy dificil o casi imposible que haya posibilidades reales de competir en condiciones de igualdad, bien por los condicionantes geográficos señalados como también por las situaciones de monopolio u oligopolio en servicios básicos como es la Energía, el Agua o la falta de músculo empresarial y tejido productivo propio de microempresas.

           Además tampoco se puede olvidar el debate y división empresarial entre los sectores importadores frente a las industrias locales, respecto al AIEM cuya reforma Román Rodríguez ha prometido realizarla con transparencia y participación. Lo mismo ocurre con las subvenciones y ayudas a determinadas actividades económicas como el transporte de viajeros, de mercancias o de importaciones alimentarias básicas.

         Por todo ello, este acuerdo de gobierno supone un importante avance político, pero especialmente delicado en su diseño y participación de control o supervisión del mercado, en la que la participación de las organizaciones empresariales será de capital importancia.

       El diseño de la nueva Autoridad Canaria de la Compentencia es determinante en el equilibrio entre los diferentes sectores empresariales, pero lo es también desde el punto de vista territorial Las Palmas-Tenerife, porque baste recordar los conflictos anteriores en los órganos o entidades que se regionalizaron como pasó con Sogapyme y Sogarte o la preponderancia de Tenerife en la ZEC.

     Por todo ello debemos esperar que la Confederación Canaria de Empresarios pueda generar consenso interno entre sus federaciones sectoriales, pero especialmente activa para que no se la CEOE Tenerife y sus respectivas sectoriales quienes impongan un diseño de supervisión que perjudique a la actividad económica de Las Palmas o del Puerto de La Luz o simplemente que favorezca a las actividades ligadas a las empresas tinerfeñas.

Nota del Gabinete de Prensa del Gobierno de Canarias.

   El Consejo de Gobierno acordó, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, iniciar los estudios para la creación de la Autoridad Canaria de la Competencia, en cumplimento con el mandato contenido en artículo 120 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado en 2018.

De hecho, la Ley Orgánica 1/2018 atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 120.1, “la competencia exclusiva en materia de promoción de la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se ejercen principalmente en Canarias” y, en el 120.2, “la competencia ejecutiva en materia de defensa de la competencia en el ejercicio de las actividades económicas que alteren o puedan alterar la libre competencia del mercado en un ámbito que no supere el territorio del Archipiélago”.

Además del reconocimiento legal de las nuevas atribuciones, el reciente Estatuto incluye, en el artículo 120.3, la “creación un órgano especializado de defensa de la competencia con jurisdicción en todo el Archipiélago, cuya actividad se coordinará con los previstos en el ámbito estatal y comunitario europeo”.

Esta propuesta tiene su base en el informe sobre los traspasos pendientes para el pleno desarrollo del autogobierno conforme al Estatuto de Autonomía, que abordó el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 14 de noviembre.

Con ello se pretende cumplir con un ineludible compromiso estatutario cuya materialización es aconsejable llevar a cabo en un plazo razonable, para dar respuesta a las relaciones de mercado en permanente cambio. Además, este acuerdo representa la firme voluntad de que el nuevo órgano esté en condiciones de hacer suyas las mejores prácticas seguidas por los organismos de supervisión y control en los ordenamientos más experimentados.